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Las torturas en los lugares de encierro, sean cárceles o centros de salud, son moneda corriente. La sociedad mira con tolerancia y los funcionarios siguen en sus cargos.
“Mirar tras los muros” es el nombre elegido para la jornada que se realizará este viernes, y tiene entre sus objetivos dar visibilidad al fenómeno de la tortura dentro de las diferentes instituciones, sean carcelarias o psiquiátricas.
Córdoba -así como el resto del país- no escapa a esta problemática y, al igual que ocurre en otras jurisdicciones, la cuestión es aceptada por la sociedad e ignorada por el Estado.
Jaschele Burijovich es psicóloga y especialista en la materia. Será una de las disertantes de la próxima jornada y en ese marco dialogó con Comercio y Justicia.
– ¿Cuál es el objetivo de esta jornada que se realizará en Córdoba?
– Entre otras cuestiones, lo que queremos es que se comiencen a visibilizar las situaciones de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que se dan actualmente en diferentes ámbitos y que, o bien no son vistos como tortura o hay una tolerancia de la sociedad hacia este tipo de prácticas. Un segundo objetivo importante es confluir con distintas organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, colegios profesionales y la comunidad en general en un mecanismo local que nos permita “mirar tras los muros”, desnaturalizando estas situaciones y buscando maneras colectivas de prevenirlas.
– Su exposición girará sobre los tratos crueles en los centros de salud mental. ¿En qué consisten estas prácticas y por qué se han mantenido a lo largo del tiempo?
– El aislamiento y el confinamiento solitario (lo que se conoce en los hospitales psiquiátricos como salas de contención), el uso de prescripciones médicas como castigos, la aplicación de algún procedimiento médico sin el consentimiento de los usuarios son algunas de estas prácticas.
Algunas intervenciones de salud son defendidas por razones que tienen que ver con la modificación del comportamiento (por ejemplo con las personas que consumen sustancias); por razones de eficacia administrativa o argumentos burocráticos o por un supuesto saber científico. La inapropiada o no consensuada internación puede causar un aumento de los malos tratos, tales como el uso de la fuerza y de medidas de sujeción por sobre lo estrictamente necesario.
Pero para que existan estas prácticas primero se construye socialmente una imagen de quiénes son los sujetos sometidos a estas situaciones: los “locos”, los “delincuentes”, los “adictos”. Se los estigmatiza, se los considera peligrosos, irrecuperables. Luego se construye una justificación que, en el caso de las personas usuarias de los servicios de salud mental, es la aplicación de un paradigma de atención a la locura ligado al encierro, a la inhabilitación, al aislamiento, que es necesario transformar.
Hace unos meses el relator especial sobre tortura nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas remarcó la importancia de categorizar los abusos en los centros de atención a la salud desde un marco de protección de la tortura. Esto nos brinda la oportunidad de comprender estas violaciones y también recalcar las obligaciones que los Estados tienen de prevenir, investigar y reparar tales violaciones.
– En Córdoba hemos sido testigos de severas violaciones a los derechos humanos. El primer caso fue denunciado por el procurador Abel Córdoba en la cárcel San Martín luego se conoció el caso del neuropsiquiátrico de Bell Ville ¿qué se puede hacer frente a estas situaciones?
Permanentemente salen en los diarios o se denuncian graves violaciones a los derechos humanos en los lugares de encierro. No podemos decir que se desconozcan. Persisten, en parte, porque son las huellas que nos han dejado las dictaduras, fundamentalmente la última, la más feroz. La democracia en este punto tiene una deuda. Tampoco hemos logrado desde las organizaciones sociales y desde los organismos de DDHH tener una voz fuerte que nos permita incidir en las políticas represivas. Se denuncian situaciones pero a ningún funcionario público le cuesta el cargo. Hay impunidad y eso permite que se sigan reproduciendo. Se encuentran cadenas en las cárceles de San Martín y, en lugar de investigar estos hechos gravísimos, se denuncia a quien las encontró. Las imágenes que vimos de Bell Ville nos conmovieron, nos parecieron horrorosas pero los pacientes allí internados siguen en las mismas condiciones, más allá de un arreglo de las condiciones edilicias.
-¿Ha empeorado la situación de quienes están hoy institucionalizados ya sea en las cárceles o en institutos neuropsiquiátricos?
-Uno de los graves problemas que tenemos es la falta de información pública sobre esto y, si la información existe, es difícil acceder a ella. Por lo tanto, no tenemos datos con los cuales comparar la situación actual. El propósito del monitoreo que se pensó desde la Comisión de la Memoria es elaborar informes todos los años para poder evaluar si estamos mejor o peor y en qué aspectos, y fundamentalmente, trabajar en la prevención de la tortura.
– ¿Cómo está Argentina en esta materia respecto de otros país de Latinoamérica?
Argentina sancionó dos leyes fundamentales: la ley nacional de salud mental a fines de 2010 y la ley del mecanismo nacional de prevención de la tortura a fines del año pasado. La situación en las cárceles y en los psiquiátricos requiere de urgente transformación. Las leyes son una de las herramientas fundamentales y eso es un avance. La ley de salud mental está recientemente reglamentada y el mecanismo aún no. Habrá que monitorear el efectivo cumplimiento de ambas.
