Por Pamela Cáceres
Los días de campaña electoral pasaron ya y abundaron en los acostumbrados discursos y estrategias de marketing político, en promesas sólo detalladas con el alcance que permiten los spots y los mensajes fácilmente digeribles y “targetizados”.
El elector concienzudo, la electora concienzuda no encontraron propuestas políticas integrales y programáticas porque no las hubo. Al menos no se difundieron. Las menciones a obras públicas, a medidas referidas a servicios públicos, a programas sociales fragmentados respecto a lo que “harían” o “seguirían haciendo” no permiten inferir qué tipo modelo de desarrollo están proponiendo para Córdoba, qué tipo de arquitectura institucional y de decisiones, qué lugar ocupa la sostenibilidad en esa proyección, cuán sensibles serán las futuras políticas al problema de las desigualdades, qué tipo de relaciones intergubermanentales proponen desarrollar.
En este tiempo, numerosos actores de la sociedad civil y de los medios de comunicación procuraron presionar y facilitar ese tipo de debates. Se realizaron consultas temáticas, se organizaron paneles de candidatos y candidatas, se propusieron debates públicos -con mayor o menor grado de éxito- pero, en general, estas iniciativas se encontraron con candidatos muy reticentes a la discusión y al diálogo profundo o “no guionado”. Quizás sea porque ello exige explicitar tomas de posición demasiado expuestas, demasiado políticamente comprometedoras y demasiado libradas al “escrutinio” público o, simplemente, porque prevalece el supuesto de que no es en ese tipo de discusiones políticas en las que se forma la opinión pública o las “tendencias” que finalmente dirimen el acceso o permanencia en el poder.
Lo cierto es que el contexto poselectoral, a partir del 13 de mayo, es el contexto de planificación de las nuevas gestiones, el punto de partida del nuevo mandato otorgado por la ciudadanía y, en este escenario contamos, por un lado, con las cosas dichas en campaña (¿podemos decir “los compromisos electorales”?) y, por otro, los desafíos reales.
Desde la Red Nuestra Córdoba, desde hace 10 años procuramos contribuir a que los procesos electorales en los que se definen cargos ejecutivos no constituyan sólo ese único, breve y coyuntural momento en el que los actores políticos-partidarios “dialogan” con la ciudadanía (o electores). Por ello promovimos en 2011 la institucionalización del Plan de Metas de Gobierno, un instrumento que obliga al Ejecutivo municipal a traducir sus ideas electorales en un programa integral de gobierno para cuatro años y anualmente implementar instancias de evaluación del estado de avance con la ciudadanía en audiencias públicas. Esta herramienta existe hoy sólo en la ciudad capital y ofrece un marco de oportunidad para que los spots de campaña, como medio de interacción con la ciudadanía, se traduzcan, después de las elecciones, en un dialogo mucho más profundo que permita concretar el involucramiento de la sociedad civil y los distintos sectores sociales de manera continua.
El Plan de Metas 2020-2023 de la ciudad de Córdoba, su contenido y el modo en que se construya serán el gran desafío a partir de hoy.
Desde Nuestra Córdoba, a partir de la reconstrucción de posicionamientos y propuestas de las distintas fuerzas políticas, pudimos identificar que hay puntos de coincidencia respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo urbano, el ambiente, la inclusión y el desarrollo institucional y democrático. Resulta promisorio que casi unánimemente sostengan la necesidad de densificar la ciudad y frenar el crecimiento de la mancha urbana, que hay que preservar y hacer más equitativo el acceso a áreas verdes, que es imprescindible la descentralización política y operativa del municipio, que es prioritaria una planificación territorial, de infraestructura y servicios metropolitana, entre otros temas.
Sin embargo, hay temas fundamentales que han recibido tibias menciones, en particular las cuestiones que hacen a la representación política y la participación ciudadana en la definición de políticas, su control y evaluación. Éstas han estado prácticamente ausentes en el debate electoral. La pregunta es ¿podremos abordar los desafíos de transformar la ciudad, de “hacer” o “seguir haciendo” por Córdoba sin poner en discusión los “cómo lo hacemos”?
Un ejemplo: la Constitución Provincial instituye para los municipios el sistema de “mayorías automáticas” o “cláusula de gobernabilidad”. Una regla que es contradictoria con el principio de representación, que refuerza la centralización del poder, la ausencia de controles y discrecionalidad de los ejecutivos locales. Es decir, marca la cancha del “cómo hacemos” y cómo se ejerce el poder de decisión.
Otro ejemplo: la agenda metropolitana y de articulaciones entre provincia y municipios, además de proximidades personales y políticas entre quienes encabezan los distintos niveles gubernamentales, requieren de innovaciones institucionales, normativa y organizacionales que permitan articular y poner en marcha las políticas públicas. La coordinación entre provincia y municipio no es sólo una cuestión de actitudes y empatías personales, en un imperativo esencial para resolver problemas estructurales e históricamente postergados. Sobre ello poco se ha dicho.
Ojalá que 2020-2023 sea la oportunidad para encontrarnos cordobeses y cordobesas involucrados en la definición y puesta en marcha de las Metas para una Córdoba (Ciudad y Provincia) más Inclusiva, Sustentable, Democrática y Participativa. Ésa es la Córdoba que necesitamos.
(*) Politóloga – Red Ciudadana Nuestra Córdoba