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Luciana Díaz Frers, economista directora del Programa de Política Fiscal de Cippec
“El Poder Ejecutivo anunció la creación del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias, una buena medida que muestra que la situación fiscal se viene deteriorando y permite que el reparto sea más equitativo. Sin embargo, la mala noticia es que se posterga una vez más el debate sobre la coparticipación”. La frase pertenece a la economista Luciana Díaz Frers, directora del Programa de Política Fiscal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), organización sin fines de lucro que acaba de difundir un análisis sobre quién gana y quién pierde con esta medida.
Para Díaz Frers, master en Historia Económica de Países en Desarrollo, ex asesora en el Ministerio de Economía de la Nación y ex investigadora en el Ieral de Fundación Mediterránea, la medida es muy buena, por varias razones. “En primer lugar, admite una situación que no puede seguir escondida bajo la alfombra: la situación fiscal provincial viene deteriorándose desde hace cuatro años y el déficit de este año iba a complicar el cumplimiento de sus compromisos financieros, especialmente el pago de sus deudas. Del total de deuda provincial, estimada en más de $100 mil millones, según datos públicos de mediados de 2009, alrededor de 80% es con el Gobierno nacional. Con las finanzas ajustadas, tarde o temprano las provincias iban a solicitar refinanciamiento”, agregó.
– ¿Quiénes se benefician y quiénes pierden?
– Este programa genera cierta igualdad de condiciones para todas las provincias que enfrentaban este problema al otorgar una tasa de interés (6%), eliminación del ajuste por el CER, un plazo (20 años) y un período de gracia (18 meses) igual para todas las provincias que tengan deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), administrado por el Gobierno nacional.
En segundo lugar, esta medida frenaría, al menos por un tiempo, la propuesta impulsada por la oposición de coparticipar el impuesto al cheque. De haber avanzado esta iniciativa, se hubiera tornado difícil reducir este impuesto; pero más grave aún, se hubiera agrandado la masa de recursos a distribuir entre las provincias con los injustos coeficientes de la coparticipación. En cambio, este programa beneficia relativamente a provincias que venían siendo “castigadas” por la coparticipación, como Chaco, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Misiones y Tucumán, las cuales recibían menos transferencias por coparticipación en comparación con lo que hubiesen recibido si los fondos se distribuyeran según la cantidad de población con necesidades básicas insatisfechas (NBI). En este sentido, hacer una quita a la deuda de estas provincias es una forma de corregir la injusticia acumulada del sistema de coparticipación. Lo malo es que no sólo se premia a las más asfixiadas por un sistema federal injusto que requiere una revisión, sino que también se beneficia las provincias que no optimizaron la gestión de sus recursos y pudieron acceder al crédito del Gobierno nacional. O, dicho de otra manera, hay provincias que han mantenido sus cuentas públicas equilibradas, algunas por su riqueza o por un sistema de transferencias que las beneficia, pero otras lo han conseguido gracias a un manejo austero de las cuentas públicas.
– Por ejemplo, Santa Fe…
– Sobresalen los ejemplos de Santa Fe y San Luis, entre otras, que no se verán beneficiadas por la quita de la deuda provincial. Si bien recibirán cierta compensación mediante la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) acumulados en los últimos años, el monto es mucho menor que la reducción de la deuda provincial. No debe olvidarse que este tipo de programa genera ciertos incentivos a la irresponsabilidad fiscal (llamado “moral hazard” o riesgo moral).
– ¿Qué costo tiene para el Gobierno esta decisión?
– El costo para el Gobierno nacional de la reciente decisión es posiblemente similar al de si hubiese tenido que coparticipar el 100% del impuesto al cheque. Con datos del presupuesto 2010 de 21 provincias se preveían pagos de amortizaciones e intereses de deuda por $16 mil millones. Extrapolando 65% a este monto (que es el porcentaje de la deuda provincial con el FFDP), da como resultado que el Gobierno nacional dejaría de percibir poco más de $10 mil millones.
La buena noticia es que el reparto es más equitativo. La mala es que se posterga, una vez más, la discusión sobre la coparticipación, un debate adeudado que ha quedado registrado en nuestra Constitución, la cual nos obligaba a tener un nuevo régimen en 1996. El Programa de Desendeudamiento corrige apenas los desequilibrios acumulados pero nos deja frente al desafío de las desigualdades que continuarán acumulándose. En un escenario político propicio para el debate y con crecimiento económico, o sea, con recursos para poder distribuir mejor, la oportunidad era inigualable para dar una discusión más profunda sobre nuestro sistema federal.
De todas maneras, la postergación probablemente será sólo por un tiempo. Apenas los cinturones fiscales comiencen a ajustar, el debate se reiniciará. Siendo el año que viene un año de elecciones, eso no va a tardar en suceder: sería oportuno que tanto la oposición como el oficialismo comiencen a pensar cómo dar forma efectiva y conducente a esa discusión.
