ESCUCHARDurante unas jornadas de especialización efectuadas en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), expertos expusieron sobre las consecuencias que tiene un sistema de gobierno unitario o federal con relación al éxito o fracaso de la represión del narcotráfico. Alberto Díaz Cayeros, Luis Romero, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Sarghini y Rogelio Frigerio arribaron a conclusiones uniformes con matices.
Coincidieron en que el federalismo obstaculiza la prevención, lucha y represión del narcotráfico. Que sin un acuerdo federal todo intento resultaría vano. Que por el sistema injusto e imperfecto de recaudación impositiva en un país presidencialista no se vuelcan los recursos adecuadamente para tales fines. Que la CSJN con sus fallos complica los objetivos de la represión del narcotráfico.
El experto mexicano Díaz Cayeros desarrolló su mensaje tomando el ejemplo de su país, alertando sobre la conspiración que significa la existencia de enclaves de autoritarismos locales.
A mi humilde juicio, todas eran opiniones cuestionables, dogmáticas, de alto contenido político y alejadas de la realidad. Porque desde lo conceptual estratégico no existe una dicotomía entre el sistema unitario y federal de gobierno que, de por sí, se convierta en obstáculo en la visión que ha de tenerse para enfrentar con éxito al narcotráfico.
Es más, desde lo estratégico, lo óptimo es una fusión de ambas concepciones políticas para enfrentar al flagelo, algo que resultaría de un gran acuerdo centralizado de política criminal; desde lo jurídico, un acompañamiento judicial uniforme y eficaz que se replique en un actuar judicial de todo el país, y desde lo operativo la descentralización ejecutiva, con división de roles, con cooperación internacional de estricto manejo adjudicado al centro de decisiones.
Ahora bien, la incapacidad política de acordar la respuesta conjunta para tales fines de ninguna manera invalida la metodología que se reclama como respuesta efectiva de enfrentamiento a tan grave cuestión que se presenta, y que lesiona y daña no sólo intereses individuales sino al conjunto de argentinos y, por la importancia que el tráfico adquirió en nuestro país, al mundo.
Sus conclusiones resultan ilógicas porque confunden una metodología de actuación contra esta cuestión penal con consecuencias sociales y políticas, con la discusión sobre la conveniencia de la adopción de uno u otro sistema político, que si bien es importante no resulta específico ni central al tema.
No hace falta mucha sapiencia para entender que la prevención, lucha y represión del narcotráfico debe responder a una política criminal consensuada. Que ésta debe ser uniforme para el conjunto, para no dejar espacios ciegos de actuación porque así filtrarían elementos que conspirarían contra una realización completa del objetivo.
Pero ello no implica dejar de admitir que la cuestión política pierde fuerza si la discusión entra a pasar por la disputa partidaria, lo que debe alejarse de toda consideración, como es de costumbre nacional al abordar el problema. Lo trascendente es la visión de Argentina basada en cuestiones estratégicas, llamadas éstas las famosas “políticas de Estado” que nadie entiende porque no se las practica a pesar de declamarlas.
Los académicos, alejado de la realidad
Contraponer lo unitario con lo federal no deja de ser una discusión académica, estéril, alejada de la realidad que la experiencia da en el espinoso tema del narcotráfico. El desacuerdo o falta de coordinación por el motivo que fuera en la cuestión entre autoridades federales y centrales tampoco impide intentos válidos de enfrentar el flagelo. Allí ha de tenerse en cuenta un factor real de conspiración siempre presente, la corrupción, que seguramente no dejará de estar para la generación de conflictos. Resulta un factor intermediario, muralla de contención y componente de horadamiento siempre presente contra cualquier buena intención o diseño de acción compartida.
Nadie a la fecha seriamente cuestiona que la federalización de la lucha contra el narcotráfico en lo jurídico y en lo operativo policial resulta fiable, máximo si se hace bajo estricto control judicial y con determinado rol.
En Córdoba, la creación de la Policía Antinarcóticos dependiente del Ministerio Público resulta un esfuerzo inédito digno de replicar en todas las provincias (seguramente a perfeccionar), porque constituye un valioso intento de legitimar la represión del narcotráfico. Lo hace con el respaldo de legalidad que su dependencia implica y de involucrar en su operatividad a personal especializado, alejado de los vicios que en el pasado enlutaron la reputación de la institución policial cordobesa, de la cual aún no sale por el tamaño del descrédito que la corrupción interna en el área se conoció.
Sin partidismos, alejados de toda discusión mezquina sobre un problema que tanto daño hace, seguramente la federalización de la lucha contra el narcotráfico como respuesta en un marco de política criminal nacional puede constituir un principio de respuesta idónea.
