La Eurocámara avanzó sobre la regulación de la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior, con el fin de proteger a los autores de las entidades de gestión colectiva y estimular el desarrollo de los servicios de música en línea a escala europea. Por Matías Altemira*
La ponente Marielle Gallo (PPE, Francia) explicó que esa directiva es un señal clara de que los derechos de autor pueden adaptarse fácilmente a internet y que el copyright juega un papel esencial en la economía digital.
Al habilitar a las entidades a otorgar licencias multiterritoriales de derechos en línea, les exige como contrapartida, en su artículo 24, que dispongan de capacidad suficiente para procesar por vía electrónica, de manera eficiente y transparente, los datos necesarios para su administración, identificar el repertorio, controlar su utilización, proceder a la facturación a los usuarios, recaudar los ingresos de derechos y repartir los importes correspondientes a los titulares de los derechos.
Obras musicales
Para ello, deben ser capaces de determinar con precisión las obras musicales que están autorizadas a representar y quién es el titular de esos derechos autorales. Para ello, deberán utilizar identificadores únicos y detectar y resolver rápida y eficazmente las incoherencias en los datos en poder de otras entidades de gestión colectiva que concedan licencias multiterritoriales de derechos en línea.
Asimismo, toda esta información deberá facilitarse electrónicamente a los proveedores de servicios de música en línea, a los titulares cuyos derechos representan y a otras entidades de gestión colectiva.
La Eurocámara les está exigiendo a las entidades que optimicen su proceso de gestión en favor de todos las partes vinculadas a las mentadas creaciones, con un claro objetivo de informar sobre sus atribuciones, pero, sobre todo, a fin de brindar más herramientas a los autores para el control y la gestión de las atribuciones delegadas. En breve se aprobará por el Consejo, y los Estados miembros tendrán dos años para implementar las modificaciones.
* Abogado especializado en nuevas tecnologías / [email protected]