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El fiscal cordobés aseguró que para combatir los delitos de guante blanco hace falta voluntad. En ese sentido, ponderó la creación de la Procelac.
En diciembre pasado, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, puso en marcha toda una nueva área especializada en delitos económicos con facultades para investigar por su cuenta y colaborar con pesquisas en marcha, incluso en otros fueros que no sean el Penal.
La decisión de Gils Carbó se plasmó en la flamante Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que quedó en manos del cordobés Carlos Gonella, quien en la provincia se abocó fundamentalmente a causas sobre violaciones de derechos humanos. No obstante ello, fue también quien integró la comisión de fiscales que requirió la elevación a juicio oral de la causa por voladura de la fábrica militar de Río Tercero, ocurrida en 1995. También fue el fiscal que. durante 2010, tuvo a su cargo la investigación de la causa “Altamira”, que condenó por primera el lavado de dinero en Argentina.
Quizás todos estos antecedentes fueron los que pesaron a la hora de ser nombrado en esta nueva superestructura que hoy lidera y que ya comenzó a conocerse como «la Procelac».
Transcurridos diez años sin ninguna condena penal desde la sanción de la ley antilavado, excepto la del «caso Altamira», Gonella tendrá como desafío mostrar mejores resultados en la lucha contra los delitos económicos que los registrados hasta ahora en el país.
Sobre estos temas Comercio y Justicia dialogó con el fiscal cordobés.
– A casi tres meses de la creación de esta Procuraduría de Criminalidad Económica ¿qué evaluación hace de su puesta en marcha?
– La creación de esta unidad es muy importante, es un paso adelante en lo que a juzgamiento de delitos económicos se refiere. No hay que perder de vista que los delitos de “guante blanco” históricamente en Argentina han sido difíciles de investigar y sobre ellos hay muy pocas condenas. Estamos hablando de delitos cometidos, en general, por personas con un importante nivel económico, pertenecientes a entramados de grupos con fuerte poder que están enquistados en la sociedad. Son delitos donde no hay víctimas visibles y en los cuales no se persigue al delincuente común sino a profesionales, gente de mucho poder adquisitivo y con recursos, lo que los convierte en muchos casos en personas difíciles de perseguir.
– ¿La Procuraduría se dedica hoy sólo a investigar las denuncias que le traen o también lo hace de oficio?
Ambas cosas. Somos los destinatarios legales de las denuncias que nos trae la Unidad de Información Financiera (UIF) que después presentamos en la justicia. No pretendemos ser una superfiscalía que investigue todos los delitos de “guante blanco”, lo que hacemos es acompañar a los fiscales, darles todo nuestro asesoramiento técnico y profesional. Además de llevar las denuncias a la justicia también tenemos facultad de iniciar investigaciones de oficio, en ese sentido queremos tener una actitud proactiva y no sólo sentarnos a esperar que lleguen las denuncias. También a partir de esta unidad elaboramos estadísticas, estamos trabajando en un mapa del delito un mapa del delito, etcétera.
– Recién hacía referencia a lo difícil que resulta investigar este tipo de delitos. ¿Qué habría que hacer para que ello cambie? ¿Hay que introducir cambios en los códigos procesales?
– En este momento estamos en pleno debate en el Ministerio Público sobre la conveniencia de instaurar un sistema acusatorio que le otorgue más facultades al fiscal pero más allá de eso, para combatir estos delitos de “guante blanco” creo que lo que hace falta es especialización y eso se obtiene con capacitación; tenemos que capacitar al Ministerio Público porque para poder investigar, por ejemplo, la cuestión patrimonial y generar la prueba se necesita especialización.
– ¿Las penas de prisión deberían modificarse? ¿Por qué nadie que comete un delito económico en Argentina está preso?
– No es una cuestión del monto de la pena. Nuestro código prevé figuras penales graves pero si no hay voluntad para perseguir, de nada sirve que tengamos estas penas. Aquí lo que se necesita es voluntad de perseguir a quienes cometen estos delitos, que es lo que hasta hoy había poco.
– ¿Y ahora hay voluntad de hacerlo?
– La creación de esta unidad pensada por la Procuradora General de la Nación así lo demuestra. Esto es un paso adelante, es una apuesta fuerte, nunca se vio una acción tan fuerte como la de ahora. Estoy convencido de que se puede avanzar sobre sectores poderosos para dejar de tener cárceles que están sólo llenas de pobres.
Gonella lidera una superestructura con tres grandes áreas: la operativa -con especialidades en lavado, fraude económico y bancario, mercado de capitales, delitos tributarios y contrabando, delitos contra la administración pública y concursos y quiebras-, de asistencia técnica -con un cuerpo de investigadores y una sección para el recupero de activos- y la administrativa.
