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Marcelo Fenoll, director de Política Criminal de la Fiscalía General de Córdoba
Hace poco más de un mes se puso en vigencia en los tribunales provinciales de San Francisco un nuevo modelo de gestión judicial que apunta a acelerar la resolución de los procesos judiciales.
La experiencia -que ya fue aplicada en otros países de la región como Chile y otras provincias argentinas, como Chubut y Mar del Plata- apunta a resolver en un plazo no superior a 90 días los denominados delitos cometidos en flagrancia para que los operadores judiciales puedan dedicarse con mayor eficiencia a investigar los delitos complejos.
Para ello se creó una oficina de fiscales, que unificó los recursos humanos y materiales que antes estaban distribuidos en las distintas fiscalías de San Francisco y se trabajó en la oralidad.
En la Fiscalía General aseguran que la experiencia ha superado las expectativas, aunque son cautos y advierten que todavía falta mucho para que este plan piloto se reproduzca en toda la provincia de Córdoba.
En diálogo con Comercio y Justicia, el coordinador del plan piloto y director de Política Criminal del Ministerio Público, Marcelo Fenoll, hizo un balance de esta primera experiencia, a un mes de su puesta en marcha.
– ¿Qué evaluación hacen en la Fiscalía General sobre el plan piloto en San Francisco?
-Si nosotros tenemos en cuenta las experiencias similares llevadas adelante en la región debemos decir que el inicio de este plan ha superado las expectativas. Hemos tenido una gran adhesión de todos los operadores de justicia, comenzando por los recursos jurisdiccionales hasta los operadores de nivel medio. Hay que tener en cuenta que aquí se ha cambiado el paradigma de la oficina judicial, se ha roto con esa tradición de la Fiscalía a imagen y semejanza de lo que era el juzgado de Instrucción y para ello se necesitó de la predisposición del operador, que se comprometió con este plan piloto. Para lograr ese compromiso, trabajamos mucho en la capacitación, tanto de los operadores jurisdiccionales como de los abogados de la matrícula.
Sobre esto hay que decir que en Córdoba y, a diferencia de otras experiencias de la región, hemos notado una muy enfática participación de la defensa privada que se sumó a este modelo.
– ¿Qué perspectivas tienen, cuáles son los pasos a seguir?
– Todo plan piloto actúa sobre bases científicas y técnicas, pero como toda experiencia que se aplica en un marco de realidad, tiene un margen empírico que debe ser evaluado y es lo que pasa en San Francisco. Hay cosas que desde la teoría se han impulsado y la práctica ha confirmado pero, también, hay adecuaciones menores que hacer. Es preciso en este marco darle un tiempo a San Francisco para que muestre resultados trazables en el tiempo. Esto no puede ser una carrera, nunca lo fue, pero también somos conscientes de que esto no se agota en un plan piloto para San Francisco, estamos trabajando para su aplicación generalizada.
– ¿Cuál es el principal escollo que tienen que sortear para aplicar este programa en la ciudad de Córdoba?
– No hablamos de escollos, hablamos de características. La Fiscalía General eligió San Francisco porque tiene determinadas características y Córdoba tiene otras. Para una eventual, progresiva y posterior aplicación de la experiencia en Córdoba, parte de la experiencia de San Francisco puede ser replicable, así como parte de la experiencia de San Francisco puede ser reproducida en otras jurisdicciones más pequeñas que tienen, por ejemplo, un solo fiscal, un solo juez de control.
Digamos, parte de San Francisco puede ser aplicada en ambos casos pero hay otras cuestiones que son motivo de relevamiento, conforme las características de cada lugar.
-¿Hay reticencia de los operadores judiciales para implementar este plan piloto?
– No puede hablarse de reticencia, es algo que los operadores están reclamando. Si hay algo que toda la comunidad judicial sabe es que existe la necesidad de avanzar, de estudiar el modelo, de analizar cuáles son las fortalezas -que las tiene y son muchas- cuáles son los elementos mediante los cuales se puede optimizar el servicio, aplicarlos, evaluar los resultados y si sus resultados son correctos y redundan en un mejoramiento del servicio, aplicarlos. No hablamos de reticencia sino de coincidencia en la necesidad de un cambio y, por supuesto, las propias características del hombre de derecho indican que todo está abierto al debate y en ese plano el debate es enriquecedor. Estamos abiertos a las sugerencias porque parten de la misma base y el mismo objetivo: la base es que tenemos que trabajar todos los días en esto y el objetivo es que queremos que esto funcione mejor.
– ¿No se puede tildar este modelo de poco garantista?
– Es una opinión. La posibilidad de que el imputado escuche cuáles son los cargos en su contra, escuche cuáles son las pruebas, escuche a su defensor defendiéndolo, tenga la posibilidad de hablar ante un juez -tercero imparcial que va a decidir sobre la legalidad de esa detención- es una garantía en sí misma y cumple con los estándares internacionales sobre las garantías del imputado.
