Está llegando a su fin la impunidad para los represores

Los vientos de Justicia soplan en tribunales federales de todo el país, especialmente en Córdoba, una de las pioneras en la persecución penal de los autores de hechos aberrantes.

Por Graciela López de Filoñuk *

La impunidad para los represores de la última dictadura militar está llegando a su fin. Éstos son los tiempos de la Justicia, la cual se cimenta –como tantas veces se ha sostenido- en la fuerza de la verdad y en la vigencia de la memoria.
Los vientos de Justicia soplan en varios tribunales federales de todo el país, especialmente en Córdoba, de la cual se puede afirmar que es una de las pioneras en la persecución penal de los autores de los secuestros, torturas y asesinatos que asolaron nuestra provincia en los abominables años de plomo.

Todos los delitos de lesa humanidad que se cometieron en contra de miles de personas están siendo esclarecidos y sus ejecutores condenados conforme a derecho.
En Córdoba ya se llevaron a cabo tres juicios, todos ellos a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1.

El primero de ellos -“Brandalisis”, recaratulado “Menéndez I”- se llevó a cabo entre mayo y julio del año 2008 y en el se juzgó y condenó a ocho acusados (entre militares y personal civil de Inteligencia), por el secuestro, tormentos y homicidios – todos agravados- de cuatro víctimas.
Durante el año 2009 se desarrolló el juicio oral de la causa “Menéndez II”, abarcativa de tres causas: Morales, Gómez (Moyano), y Campos (Albareda), en el cual se juzgó y condenó a cinco imputados (y se absolvió a otro), por los delitos cometidos en perjuicio de diez víctimas.
Finalmente en el año 2010, entre junio y diciembre, se desarrolló el tercer juicio oral, relativo al cual se divulgarán los fundamentos de la sentencia el próximo 22 de febrero.

En este juicio se acumularon dos causas: “Alsina” más conocida como la causa de la UP Nº 1, para la sociedad cordobesa quizá la más paradigmática de todas ya que, además de tenerlo al dictador y represor Videla sentado junto a Menéndez en el banquillo de los acusados, duele todavía en la memoria colectiva la crueldad evidenciada en los asesinatos de Raúl Bauducco y José Moukarsel.
A ello se suma la brutalidad sistematizada con que se ejecutaba a los detenidos en los fatídicos “traslados”, invocando falsamente la aplicación de “la ley de fuga”.

En la causa “Alsina”, los aberrantes delitos se cometieron contra treinta y dos víctimas, y los acusados fueron veinticinco, entre militares, policías y un civil.
Otra causa que fue acumulada a la anterior, es el proceso denominado “Gontero”, con seis víctimas y doce imputados. En total, en la causa “Alsina”, se dictaron 16 condenas a prisión perpetua, siete condenas con aplicación de penas entre 7 y 14 años de prisión, y varias absoluciones.

Varias de estas causaron fuertes críticas de los fiscales actuantes y querellantes, por lo que se espera que luego de conocidos los fundamentos de la sentencia, se interpongan los recursos de Casación respectivos.
En definitiva, en los tres juicios ventilados hasta el momento, se ha juzgado por los delitos cometidos en perjuicio de cincuenta y dos víctimas.

Ahora bien, para que se puedan dimensionar todos los juicios orales que restan aún por realizar, apuntaré para su comprensión que la Fiscalía Federal a mi cargo promovió, hasta el momento, acción penal en 71 causas, abarcativas de un total de 772 víctimas, de lo que se concluye que, al día de hoy, hay 720 víctimas, entre sobrevivientes y asesinados/desaparecidos que esperan Justicia.
Ello sin contar las causas que se encuentran en plena investigación, en las cuales aún no se ha efectuado requerimiento de instrucción.

Las causas con promoción de acción penal ya impetradas se van acumulando, ya sea por los períodos de tiempo en que se cometieron las violaciones a los derechos humanos, o bien por los distintos campos de concentración donde las víctimas estuvieron secuestradas, fueron torturadas y, la mayoría, fusiladas.

Así tenemos que hay dos grandes segmentos de crímenes cometidos con anterioridad al 24 de marzo de 1976 –fecha del fatídico quiebre institucional- a saber:
Causa “Vergez”, con 22 víctimas.
Causa “Barreiro”, con 88 víctimas.
En estas causas, los imputados son, en su mayoría, integrantes del temido “Comando Libertadores de América”, operando en el D2 y en el centro clandestino de detención (CCD) “la Ribera”.
Ahora bien, corresponde aclarar que en estos casos, no siempre todas las víctimas fueron llevadas, previo a sus asesinatos, a un campo de concentración.

Así tenemos, por ejemplo, el caso de la masacre de la familia Pujadas, acaecida el 14 de agosto de 1975.
Los cinco integrantes de la familia fueron secuestrados de su domicilio, sito en camino a Jesús María, km 5 ½, contiguo a la “Cabaña San José”, establecimiento avícola de propiedad de la familia.
Los secuestrados fueron trasladados por sus captores hasta un paraje dentro de la estancia “La Lagunilla”, y allí brutalmente torturados y cuatro de ellas asesinadas, quedando la restante con gravísimas lesiones y secuelas hasta el día de su muerte.

En orden a los delitos cometidos con posterioridad al 24 de marzo de 1976, existe un gran número de causas que se van acumulando, con víctimas cuyo trágico destino fue el CCD “la Perla”. Es aquí donde se concentra el mayor número de víctimas.
Ya se han elevado a Juicio Oral nueve causas y se espera que, en este año que comienza, se puedan elevar el resto. La idea es hacer un solo juicio relativo al CCD “la Perla”, con un número elevadísimo de víctimas (entre liberados y asesinados) y también con un considerado número de acusados.

Cabe mencionar además la causa “Maffei”, abarcativa de 150 víctimas que fueron secuestradas y torturadas en el CCD “la Ribera”, y que luego fueron liberadas.
Si sigo mencionado todas las causas en trámite la lista se va a hacer muy larga.
Sólo quiero agregar que la investigación de todos estos delitos ha sido ardua, compleja y con factores adversos entre los cuales cabe mencionar:
a) el tiempo transcurrido, más de 30 años entre el hecho delictivo y su reconstrucción; b) las medidas llevadas a cabo por los secuestradores, torturadores y asesinos, a los fines de borrar toda huella de su accionar criminoso; c) la ausencia total de un auténtico “mea culpa” por parte del Ejército y demás fuerzas represoras, a nivel institucional, lo que hubiese permitido acceder a las listas completas de los desaparecidos y también a poder dar con sus restos, tan celosamente escondidos por los depredadores.

Pero pese a todas estas negaciones –inadmisibles en plena democracia- la Justicia sigue trabajando, dejando para siempre descartada la impunidad con que se pretendió cubrir y proteger a los feroces operadores del terrorismo de Estado.

* Fiscal Federal de Córdoba

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