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El problema del juego

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Por Luis Carranza Torres (*) y Carlos Krauth (**)

Una realidad con la que los argentinos estamos aprendiendo a convivir es la expansión de los juegos de azar y de las apuestas, sea de manera presencial o en línea.

Desde hace unos años se ha extendido esta actividad a partir de su legalización, como ocurrió en recientemente Córdoba con la sanción de la ley Nº 10793, que establece la regulación de la actividad del juego online en sus distintas modalidades, y con la intervención de empresas de apuestas en el deporte, fundamentalmente el fútbol, en el que parte de los equipos más importantes de nuestro país llevan el auspicio de estas firmas.

Dicha norma en su primer párrafo habla de: “Objeto. La presente Ley tiene por objeto regular el juego en línea, con la finalidad de garantizar el orden público, erradicar el juego ilegal y salvaguardar los derechos de quienes participen en ellos”.

Sólo pueden ejercer las actividades de juego en línea las personas humanas o jurídicas que posean licencias otorgadas por la autoridad de aplicación, que podrá otorgar hasta diez, pudiéndose ampliar a otras diez más (art. 6). Los licenciatarios sólo pueden recibir apuestas de las personas que figuran inscriptas como clientes en su registro de jugadores (art. 14).

Es sabido que la legalización de este tipo de juego ha merecido el rechazo de gran parte de la sociedad, arguyendo que es una actividad nociva dada las dificultades de controlarla o limitarla. Frente a ellos, quienes impulsan esta actividad, sostienen que es mejor regularla mediante una ley ya que con ello su supervisión se hace más efectiva. Incluso que prevén mecanismos para encauzarla. Como dijo la legisladora cordobesa Paleo, coautora de la ley cordobesa: “Algunos me preguntan ‘¿por qué regular?’. Bueno, porque el único camino posible hacia un juego responsable, como ya dije, es responsabilidad del Estado. Y por eso planteamos este proyecto. El único camino posible hacia un juego responsable es tener un juego seguro, y para eso hay que fijar pautas, pautas claras y concretas para las empresas operadoras y los usuarios”.

No vamos a discutir aquí si el juego es bueno o malo en sí. En cambio, haremos referencia de algunas de las consecuencias nocivas que tiene y que se deben tal vez, a las fallas en esos mecanismos de control previstos, sea por ineficiencia de las autoridades, porque normativamente están mal diseñados, o porque es imposible, por más buena voluntad que se tenga, el controlarlo.

En este punto, recordemos que la concepción clásica alertaba sobre los peligros de la ludopatía y por ello reservaba su explotación al Estado en forma directa, entendiéndose que se administraba un vicio social con parámetros distintos de la rentabilidad propia del sector privado. Por eso los casinos estaban lejos de los centros más poblados, había un régimen estricto de quienes no podían ser admitidos, una limitación en la publicidad y el producido iba a asistencia social, entre otras cosas. Era el mal menor frente al fenómeno del juego ilegal y con vistas a mantenerlo lo más marginal y con la menor entidad posible. 

Regular el juego sólo puede hacerlo el Estado y es muy distinto de explotarlo, aun de forma racional. Un régimen de licencia hace esto último, de manera indefectible, se le quiera poner el nombre que sea. Pues el privado hace un negocio con una actividad que por lo menos es riesgosa en sí misma.

Por otra parte, no podemos cerrar los ojos a la realidad: uno de los mayores problemas es el crecimiento de la ludopatía y del juego de los menores de edad. También están los problemas de corrupción política (la mala influencia que tienen los grandes empresarios del juego en la política tiene como triste ejemplo al affaire “Insaurralde”), y de corrupción deportiva; vemos por caso la cantidad de tenistas que son sancionados por su federación por la venta de partidos. Incluso en nuestro país, en el fútbol, ante los extraños errores arbitrales, VAR de por medio, no pocos actores deportivos han dejado entrever la posibilidad de amaños, más si se tiene presente, como dijimos, el dinero que ponen en juegos estas empresas que patrocinan a clubes, campeonatos e incluso a la AFA misma.

Pero lo que nos motivó a escribir esta columna fue una noticia que se dio a conocer a través de distintos medios, que advertía el aumento de las apuestas online en los adolescentes. Los datos surgen de un informe producido en la escuela Obispo Caixal, el que concluyó que gran cantidad de adolescentes entre los 14 y 17 años pasan horas apostando a través de aplicaciones o webs de casinos, ruletas y juegos deportivos, obviamente sin el conocimiento de sus padres.

Un estudio hecho en el 2022, indicó que siete de cada 100 argentinos padecen de ludopatía, enfermedad que consiste en un impulso irrefrenable por jugar el que deriva no sólo en pérdidas materiales sino también en su libertad de decidir.

Dado que una de las funciones básicas del estado es proteger la salud de la población, es necesario que se tenga presente esta realidad, para producir políticas públicas que eviten estos efectos nocivos, más aún cuando está en juego la salud de menores.

De seguir así, no sólo se degradará aún más nuestra sociedad sino que se les dará la razón a aquellos que se oponían a la legalización del juego porque decían que el verdadero motivo para hacerlo residía en los enormes ingresos económicos que genera a las arcas del Estado, o cuando no, para financiar la actividad política de muchos de sus impulsores.

(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas

(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales

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