ESCUCHAREl juicio del comisario Rafael Sosa (otrora el primer jerarca máximo de la División Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Córdoba) y sus subordinados terminó. ¿Terminó? No sabemos, por los interrogantes no aclarados que dejaron las sentencias y porque los imputados fueron absueltos en lo importante por el beneficio de la duda.
Pero la sorpresiva aparición de Juan Francisco Viarnes, alias “El Francés”, podría tener respuestas. Él, hasta hace poco prófugo, aparece como una mancha venenosa a la que nadie quiere acercarse.
La Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP), tribunal que analiza las sentencia dictadas por el TOF 2 en el caso que juzgó a Sosa debería, ante la sorpresiva captura, anular lo actuado y ordenar nuevo juicio, decisión jurídicamente posible porque ninguna de las sentencias se encuentran firmes.
En efecto, fiscales y defensores interpusieron sus recursos de casación, los primeros aduciendo que lo aportado por Viarnes fue respetando el derecho procesal vigente y válido, aunque el personaje estaba ausente. Los defensores, en contrario, se aferraron a la desaparición de Viarnes. Beneficiaba a sus defendidos el instituto de la duda con base en la garantía constitucional de inocencia, porque lo aportado por “el Francés” e introducido por la fiscalía y validado por el juez federal Ricardo Bustos Fierro como prueba de cargo, no pudo ser corroborado en juicio.
La base de la sentencia absolutoria a favor de Sosa y demás acusados, que de ser probada no le hubiera permitido la libertad (asociación ilícita, privación ilegal de la libertad calificada, distribución de estupefacientes, etcétera) fue por la “duda”. Esto es, que los hechos acusados no fueron corroborados por pruebas independientes, sólo por lo declarado en la oportunidad por Viarnes y que pudieron aportar los fiscales a pesar de que aseguraron que existían pruebas que avalaban la acusación. El Tribunal consideró que no.
En suma, para condenar se tendría que haber arribado a la certeza de que los hechos acusados como fueron narrados en la requisitoria fiscal de elevación a juicio, ocurrieron. La remisión de la prueba de que esos hechos existieron y darlos por probados aparecieron como argumentación pobre si sólo se asentaban en las revelaciones de “el Francés” recogidas en la instrucción. Viarnes, al no estar en el juicio por haberse fugado, dejó huérfanos a los fiscales en la acusación, y así el Tribunal decidió acoger la tesis defensiva que los beneficiaba: el “in dubio pro reo”.
El principio jurídico de que en caso de duda, por ejemplo por insuficiencia probatoria, se favorecerá al imputado o acusado, es uno de los pilares del derecho moderno. El fiscal o agente estatal equivalente debe probar la culpa del acusado y no este último su inocencia. Podría traducirse como “ante la duda, a favor del reo”, en Argentina es básica su aplicación en el sistema de garantías constitucionales.
Que se aclarara lo sucedido siempre resultó crucial porque resultaría importante a los fines de elaborar futuras políticas criminales de represión contra la corrupción y el narcotráfico en Córdoba. También deslindar o imputar responsabilidades políticas por el apogeo que alcanzaron los narcos en Córdoba. No resulta inteligente querer tapar el sol con un harnero, distrayendo a la gente sobre la condición del mensajero. Porque todos ya vimos el mensaje: que la droga está entre nosotros y que alguien es el responsable.
El hecho nuevo, sobreviniente de la captura de Viarnes, resulta elemento suficiente para que la CNCP anule un juicio que tuvo su base absolutoria principal en la duda alimentada por la ausencia de Viarnes y en la imposibilidad de corroboración de sus dichos.
Con un nuevo juicio se podría saber, con un Viarnes en el banquillo en igualdad de condiciones con el comisario Sosa y sus subordinados, si al ex titular de Drogas Peligrosas y su equipo se le puede achacar parte de la responsabilidad en la distribución, consumo y expansión de drogas en Córdoba.
También quién compartiría la responsabilidad desde lo político por haber puesto al mentado comisario en ese crítico cargo y haberlo sostenido. Máxime inmediatamente después de haberse descubierto su responsabilidad en el armado fallido de una causa penal en contra de un inocente. Nos referimos al caso “Dalmasso”, también con otro escándalo de trascendencia nacional e internacional por la adjudicación del horrible crimen de Nora Dalmasso a un pobre infeliz, a quien el imaginario popular lo denominó “el perejil”.
El debate sobre si la extradición de Viarnes puede demorarse por la acción de éste no aparece como discusión seria porque el personaje se introdujo y residía en Paraguay de forma ilegal y para hacerlo utilizó falsa documentación de identidad. Por esta sola condición y acción puede ser administrativamente “deportado” y el delito que se le imputa en el vecino país sólo constituiría un inconveniente transitorio, salvable en la medida que el interés en que regrese a rendir cuentas a Córdoba sea genuino.
Como corolario, advertimos de que el mote de “narcopolicias” que la sociedad adjudicó a Sosa y a sus subordinados, aun en la subsistencia de la sentencia absolutoria basada en la duda, no podrá ser eliminado.
(*) Abogado penalista (UNC). Master en Criminología, Univ. Barcelona
