Nos decía en cierta ocasión un conocido político de Córdoba que en tal ramo era común ocuparse por lo urgente y dejar lo fundamental en un cómodo segundo plano. Lo paradójico, nos decía, es que en no pocas ocasiones lo urgente es evitable con solo tomar decisiones y ejecutar políticas que impidan generar el problema; con ello se podría dedicar el tiempo necesario para atender lo importante. Pero esa posibilidad rara vez ha sido seguida en nuestra política. s más que evidente que en nuestro país son muchas las cuestiones importantes, que, por ser ubicadas en un segundo plano, no se tratan ni se enfrentan con la fuerza y solidez que ameritan. Una de esas, que ocurre desde hace años y ocasiona enormes pérdidas económicas y ambientales -entre otras-, es lo referente a la pesca ilegal que llevan adelante ciertos países -China fundamentalmente- en nuestras aguas continentales.
Desde hace largo tiempo, cientos de barcos de distintos países deprendan nuestra riqueza ictícola. En un informe reciente de la Financial Transparency Coalition (FTC) se expresa que, en el mundo, la mayoría de los buques involucrados en la pesca ilegal es de origen chino y que su actividad genera miles de millones de dólares de pérdidas para los países en desarrollo. Al respecto, Matti Kohonen, director Ejecutivo de la FTC, ha dicho: “La pesca ilegal es una industria masiva que amenaza directamente la subsistencia de millones de personas en América Latina y el resto del mundo, especialmente quienes viven en comunidades costeras en países en desarrollo, ya de por sí afectados por la pandemia de covid-19, el costo de vida y el impacto del cambio climático”.
Según el informe referido, Argentina pierde entre 2.000 millones y 3.600 millones de dólares por capturas de pesca ilegal por año. Pero no solo se trata de algo económico: se estima que esa actividad representa una grave amenaza a los ecosistemas marinos. Por eso, científicos y conservacionistas reclaman desde hace años se tomen medidas para impedir que esto pase. Sin embargo, poco y nada se hace al respecto.
Está claro que éste es un problema que excede a Argentina. Es un problema global que requiere del compromiso de los distintos países del mundo. Es cierto que desde que se implementó aquí, hace más de dos décadas ya, el patrullaje del mar Argentino, la Prefectura Naval, con medios propios o de la Armada, capturó 80 embarcaciones que se encontraban infringiendo la zona de exclusión. Sin embargo, semejante esfuerzo no alcanza y urge ser ampliado, sin que tenga un lugar predominante en la agenda de los poderes públicos.
De hecho, la última incorporación de material para resguardar nuestra riqueza ictícola fueron solo cuatro patrulleros oceánicos,de 350 millones de euros, para uno de los litorales oceánicos más extensos del mundo, hace ya más de cuatro años. Es decir, alrededor de 10% de lo que se pierde en un solo año. En buen romance: se invierte poco y nada mientras se pierde mucho y en grande.
Un argumento que se suele esgrimir para no ir más a fondo es la falta de recursos. Algo que es rechazado de plano por los especialistas. Por ejemplo, Claudio Campagna, presidente del Foro para la Conservación del Mar Patagónico, fue contundente al decir que para combatir la pesca ilegal “hay que tener voluntad política”; y agregó: “Yo no me trago más el argumento de que faltan recursos. En el mundo y en la Argentina hay enorme riqueza, solamente que no se destina a lo que es necesario. El argumento de ‘no podemos por una cuestión económica’ es mentiroso. Es un ‘no queremos”.
Como solución al problema se ha propuesto penalizar la pesca ilegal, considerarla un delito y no una infracción. La magnitud del daño, tanto económico como ecológico, lo hace perfectamente viable. Otra de las propuestas es realizar un trabajo diplomático bilateral sólido. “La diplomacia argentina no está actuando a la altura del problema. China se siente impune en sus actividades de pesca ilegal en el mar Argentino. Pensemos qué ocurriría si sucedieran las cosas a la inversa”, piensa Milko Schvartzman, de la Organización para la Conservación de Cetáceos.
En síntesis, si bien se trata de un problema global, nos afecta particularmente y requiere, por su graves consecuencias para nuestro país, en el presente y de cara al futuro, una respuesta seria y acorde a la medida de su importancia. Es común escuchar a nuestros funcionarios decir que se la pasan “atajando penales” y no se pueden dedicar a la gestión de políticas públicas trascendentes. La pregunta que nos hacemos es: ¿si nos dedicamos a no cometer más “penales” y así poder planificar bien el partido? Tal vez nos iría mejor.
(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. (**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
