El fracaso de la Justicia Federal ante las organizaciones criminales

Por Patricia Coppola*

En razón del evidente fracaso de la Justicia Federal a la hora de mostrar resultados para hacer frente a la criminalidad compleja como el narcotráfico o la criminalidad económica, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) está llevando a cabo un foro permanente en el que participan un importante número de referentes del Ministerio Público Federal de todo el país y expertos en reforma judicial, para exponer y discutir el estado de cosas actual.

Nadie niega semejante fracaso, lo que resulta inexplicable es que a 40 años de la recuperación de la democracia y de que se iniciaran en nuestro país y en toda la región los procesos de reforma judicial, todavía se sigan defendiendo cuestiones que ya considerábamos, al menos desde lo normativo, totalmente saldadas y puntos de no retorno, como, entre otras cosas, la inconstitucionalidad del sistema de procedimiento federal actual.

A fines del mes de abril de este año, en el marco de una reunión del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), escuchamos alarmados argumentos en contra del procedimiento acusatorio, en el sentido que propicia la impunidad, tales como negarle al juez el acceso al expediente y la posibilidad de hacer preguntas durante la audiencia, la duración de los plazos procesales y, por cierto, el consabido argumento de los costos de implementación. Resulta por lo menos extraño criticar la reforma mientras son absolutamente incapaces de mostrar resultados positivos con el sistema actual.

Hay que decir también que algunos han expresado argumentos a favor del nuevo procedimiento, pero permítasenos desconfiar de la sinceridad de las intenciones de ciertos actores de la Justicia Federal, sobretodo de Comodoro Py, que han sido protagonistas de la ineficiencia del sistema inquisitivo y que han hecho uso y abuso de sus características más dañinas (la arbitrariedad, la impunidad selectiva, la utilización política de los eternos plazos procesales), y que hoy pretenden abrazarse a una reforma que siempre se han esmerado en paralizar.

En el foro del Inecip realizado el martes 13 de junio, en el que participaron operadores de la Justicia Federal, referentes y expertos de todo el país, escuchamos a Eduardo Villalba, fiscal Federal de Salta, quien afirmó que es la actual organización del Ministerio Público Fiscal, propia del sistema inquisitivo, la principal causa de la impunidad. Luis Schiappa Pietra, fiscal Federal de Santa Fe, por su parte, dijo que resulta imposible perseguir la criminalidad compleja con jueces de instrucción y que quienes viven en Rosario no pueden entender por qué motivo sigue sin implementarse la reforma federal.

En el mismo sentido, Josefina Minatta, Fiscal Federal de Entre Ríos, explicó que los números muestran la ineficacia, que no se está brindando ninguna respuesta a los ciudadanos que persiguen una solución al conflicto penal y que resulta muy frustrante estar frente a una fiscalía y trabajar de esa manera. Fernando Domínguez, Fiscal Federal de San Isidro, abogó por la instauración de un sistema de investigación de los delitos capaz de enfrentar los desafíos que impone la criminalidad moderna y trazar políticas de persecución penal, afirmando que “con instrumentos del siglo XIX es altamente dificultoso enfrentar el fenómeno de la criminalidad actual”.

Fernando Carbajal, Diputado Nacional por la provincia de Formosa, denunció una alianza conservadora de cierto sector de la magistratura que ataca el proceso de reforma, por lo que marcó la imperiosa necesidad de construir una alianza pro reforma para avanzar en una rápida implementación en todo el país. 

¿Por qué no se implementa?, se preguntó Carbajal: “Quienes son los potenciales imputados futuros saben que el nuevo código de procedimiento garantiza o da herramientas para un funcionamiento más eficaz del sistema, por eso no hay interés en que sea más eficaz”, respondió.

Somos totalmente conscientes de que la reforma normativa no es suficiente para garantizar la eficacia del sistema. La experiencia nos ha demostrado que los sistemas judiciales son resistentes a los cambios y que los procesos de reforma están plagados de marchas y de contramarchas.

Sabemos que hace falta voluntad política, compromiso de los operadores y el apoyo y empuje de los sectores académicos y de la abogacía en general. Pero también así lo ha demostrado la experiencia acumulada, que los cambios son posibles y que contamos con los saberes y herramientas técnicas y humanas para ello. A 40 años de la recuperación de la democracia en la Argentina y de iniciados los procesos de reforma judicial, resulta intolerable escuchar los mismos argumentos de resistencia hacia la reforma con los que lidiábamos en los 80. Hoy resulta un imperativo político-moral abandonar la normativa que sigue posibilitando las prácticas inquisitivas e ineficaces de la Justicia Federal.

*Integrante de la Junta Directiva del Inecip