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Hace un par de semanas, el juez Guillermo Patricio Canepa, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N°27 de la ciudad de Buenos Aires, consideró que una empresa turística incurrió en publicidad ilícita y le dio un plazo de 5 días para que rectifique las publicaciones.
Aunque parezca algo difícil de creer, la empresa promocionaba viajes en crucero, en los cuales se anuncia el territorio de las Islas Malvinas como perteneciente al Reino Unido, por lo que en la sentencia se la emplazó a que rectifique dichas publicaciones e indique “como país de destino de viaje la República Argentina, omitiendo cualquier referencia al Reino Unido”.
Tal fue la decisión en un pleito entablado en la ciudad de Buenos Aires en virtud de una acción por publicidad ilícita, que se halla establecida en el Código Procesal para las Relaciones de Consumo de dicha ciudad, y que fuera promovida por los abogados Facundo Roitman y Melisa Guevara contra Cruiseline S.R.L. en que se pedía el cese de las publicidades en las que promociona dichos viajes en crucero, así como la publicación de anuncios rectificatorios en las mismas condiciones en que fue realizada la oferta, además de la difusión de la sentencia condenatoria en los sitios de internet, cuentas de redes sociales de la demandada y digitalmente en los diarios de circulación local y nacional. También se solicitó en la acción se envíe una copia de la sentencia condenatoria a cada consumidor que haya contratado o contrate en el futuro el crucero.
Se sostuvo en dicha demanda que a más de resultar mensajes perjudiciales para los intereses soberanos del país y de ofender a todos los argentinos en general y particularmente a quienes lucharon por la soberanía de las Islas, asimismo dichas publicidades contenían información errónea, lesiva de los consumidores, al hacerlos incurrir en un error sobre la situación fáctica y jurídica de las islas Malvinas.
La empresa demandada, como estrategia defensiva al contestar demanda pretendió excusarse en que solo era una intermediaria no decidía sobre el contenido del mensaje, algo que fue desestimado por el juez “en virtud de que interviene en forma directa a través de sus sitios web, en la cadena de comercialización de los viajes en crucero”.
Por ello, al decidir a favor de la demanda, sostuvo que “las publicidades de cruceros que hacen referencia al territorio de las Islas Malvinas y Georgias del Sur como pertenecientes al Reino Unido, son ilícitas, en virtud de que son contrarias a la manda constitucional que dice que la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía. Asimismo, afectan la dignidad colectiva del pueblo argentino y son contrarias al sistema de valores y derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por las leyes citadas”.
Queda claro que es un fallo cuyos efectos e importancia, va más allá de lo estrictamente debatido en la litis en materia de derecho de consumidor.
Para que sepamos de qué hablamos cuando nos referimos a quienes ocupan ilegítimamente esas islas de nuestro territorio, basta con leer la nota aparecida en el diario La Nación del 6 de febrero 2025, en que se cuenta que las autoridades del lugar bloquearon el sistema Starlink y amenazaron a los isleños con una multa a los que contraten el servicio. Una medida que generó fuerte rechazo entre los habitantes, que se quejan del mal servicio que brinda la empresa que tiene el monopolio a partir de un convenio con el Reino Unido.
Es que frente a la posibilidad de contratar otra compañía: “La competencia puso en alerta a la empresa británica que tiene el monopolio del servicio, por lo que el gobierno isleño lanzó una amenaza a los 3600 habitantes: si detecta que alguno tiene Starlink, los podría multar con 5000 libras, unos 6.500.000 de pesos argentinos, y hasta bloquearles el servicio”.
Cabe destacar que, de acuerdo al censo de 2021, viven en las islas 3662 personas de 60 nacionalidades distintas. Solo la mitad de todos ellos son isleños traídos en su momento por los británicos para asentarse luego de echar a los pobladores argentinos, dedicados por entonces a la ganadería y la pesca.
Y si bien tienen un cierto nivel de vida y facilidades en educación en el Reino Unido tales ocupantes ilegales, no es menos que se trata de una parte ínfima de los pingues beneficios que un cartel de empresas explotadoras comparte con el lobby político que maneja las islas. En tanto, el Reino Unido no sólo controla el paso interoceánico por el atlántico, sino que proyecta sus ambiciones sobre la Antártida, justamente sobre el sector que nuestro país, el primero en el mundo en establecerse en dicho continente, reivindica como propio. Una superficie que resulta nada menos que un cuarto de nuestro territorio total.
Por eso, en términos de la “guerra cultural” que se libran en el presente muchos de los conflictos entre países, incluido el nuestro por las Islas Malvinas, ciertas publicidades como la tratada, así como los ofrecimientos de la embajada británica de llevar gente a conocer a sus “vecinos” en tales islas, o los buques con pabellón del gobierno de ocupación de Malvinas transitando por mar argentino, o aviones militares ingleses aterrizando en Chile o Uruguay, provenientes de las islas, no son hechos casuales ni, muchísimo menos, inocentes.
(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. (**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
