ESCUCHARPor Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
Hablábamos la semana pasada del “agujero negro” que implica las condiciones en que se contrataba por parte de cualquier persona la utilización de una tarjeta de crédito o débito. Ellas determinan altos intereses en el financiamiento de las compras, altas comisiones que cobran etcétera, que provoca que las empresas emisoras y bancos otorgantes obtengan ventajas económicas abusivas a costa del bolsillo del usuario.
Decíamos también que días pasados la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC), actuando como siempre debería actuarse, denunció a la empresa Prisma, cuyos accionistas son 14 de los principales bancos del país y emite las tarjetas Visa, MasterCard, Credencial y Cabal, por una presunta “cartelización” , “ falta de trasparencia” y “abuso de posición dominante”.
No se trata de una mera afirmación. Dicha relación asimétrica se ve reflejada en el estudio que posibilitó formular la denuncia, la que -tal como dijo el titular de la comisión, Esteban Greco, “se evidencia en el monopolio en aquerencia y procesamiento de la tarjeta Visa, en la integración vertical con los principales bancos, tanto privados como públicos, y en la presencia dominante en los distintos segmentos: red de cajeros y pagos (Banelco), pagos online (Pago Mis Cuentas) y en las barreras a la entrada de nuevos jugadores”.
La denuncia, que fue formulada ante la Secretaria de Comercio de la Nación, busca abrir una investigación contra Prisma y, junto con ello, la adopción de una serie de medidas técnicas para aumentar la competencia y bajar el costo de financiamiento de las tarjetas. Junto con ellas, la CNDC realizó una serie de recomendaciones técnicas para mejorar las condiciones de competencia y transparencia en las condiciones de consumo, ya que, tal como dijo el ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, “actualmente los precios están distorsionados porque se incluyen costos financieros que las personas que pagan en un solo pago también están pagando aun sin utilizar la financiación”.
Pero además, la CNDC realizó un informe de análisis del mercado de las tarjetas de crédito y medios de pago electrónicos, en el que incluyó una serie de recomendaciones al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Secretaría de Comercio, como autoridades de aplicación de la ley 25065 (de tarjetas de crédito), para mejorar la competencia, proponer cambios en dicha ley tendientes a regular la tasa de intercambio que cobran los bancos emisores de tarjetas; eliminar la restricción a la diferenciación de comisiones; promover la competencia en el financiamiento para consumo y transparentar los precios de los productos y las condiciones de financiamiento.
Por algo se empieza, ojalá este intento por controlar el comportamiento de los bancos y las empresas encargadas de emitir las tarjetas sea efectivo y sirva para mejorar no solo el servicio, sino también para disminuir esa sensación de impotencia que solemos sentir frente a este tipo de entidades. Si ello se logra será un pequeño paso de los tantos que faltan para reducir las desigualdades económicas que padecemos. A la par de rescatar al derecho como instrumento para transparentar un mercado y asegurar la vigencia de la libertad económica, pero en serio y para todos.
Como dijimos en la columna anterior, economía de mercado no es lo mismo que capitalismo salvaje. Y el Estado cuenta con las leyes y los organismos para actuar fuertemente respecto de fenómenos habituales entre nosotros como la cartelización, el abuso de posición dominante, o similares forma de aprovecharse de las últimas categorías económicas, la de los consumidores y usuarios, que paradójicamente son las que mantienen a todo el sistema.
Por eso, esta media es un gran cambio frente a la omisión estatal de siempre que esperamos se continúe y profundice.
