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El acuerdo nuclear con Irán y sus probables secuelas

Por Salvador Treber. Exclusivo para Comercio y Justicia
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Las intensas negociaciones piloteadas por Estados Unidos durante dos años y medio con el apoyo de China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania (5+1) parecen haber fructificado en un convenio pero aún restan difíciles etapas para que comience a regir plenamente.

La documentación suscripta de común acuerdo (63 fojas muy compactas) el pasado día 14 entre Estados Unidos -junto con las cinco grandes potencias que lo acompañan-, por un lado, e Irán, por el otro, después de tan extensas como complejas y contradictorias objeciones recíprocas, se ha centrado en forma excluyente en limitar a Irán el uso de la energía atómica a fines pacíficos al país, cancelando definitivamente su intención de elaborar y almacenar un arsenal de bombas atómicas. Estiman que -de no haber alcanzado el citado acuerdo- en un término de alrededor de tres meses podría haber culminado con éxito ese objetivo.

Las cláusulas prevén específicamente amplias facultades de verificación “in situ” y, con base en su estricto cumplimiento, se compromete el levantamiento progresivo de todas sanciones establecidas que datan de 1979. Entre los firmantes carecen de embajadores destacados en ellos y las relaciones diplomáticas han sido reducidas al mínimo mediante funcionarios de bajo rango.

¿Cuáles son las causas que pueden haber motivado al país asiático a avenirse a compromisos que le truncan su actual programa nuclear y lo someten a un severo régimen de inspecciones permanentes? La respuesta es simple: en este momento dos tercios de su producción potencial de petróleo no puede ser colocada mientras siga en vigencia el bloqueo que sufre y, en tales condiciones, su economía y las condiciones de vida de la población empeoran día a día. El cumplimiento del convenio suscripto es vital pues sólo así podrá incrementar en alto grado la extracción de los citados combustibles y colocarlos en todo el mundo, incluso utilizando los servicios de las flotas navieras especializadas, en alta proporción de banderas inglesa y estadounidense.

No obstante, en los dos bandos hay núcleos duros internos que plantean una fuerte oposición a lo resuelto; al margen de los airados reclamos del primer ministro israelí que, bajo cualquier instancia, se opone obstinada y sistemáticamente a cualquier acuerdo.

Las resistencias y rechazos
En EEUU, los miembros del Partido Republicano, quienes también han convencido a algunos legisladores del partido gobernante que los acompañen, anticipan que no votarán favorablemente en el Capitolio. Por su parte, el presidente Barack Obama ha declarado que está dispuesto a “jugarse”, utilizando el recurso extremo del veto con el propósito de lograr las ratificación de su posición de franca adhesión a lo suscripto. Con esa advertencia cierra el paso a cualquier impedimento originado en el Congreso, donde se requiere disponer de una mayoría especial de dos tercios, imposible de lograr en la emergencia, lo cual provocaría la invalidación de todo lo actuado.

A su vez, en Teherán, los sectores más extremos han adoptado una actitud de rotunda repulsa que, por el momento, ha logrado superar con base en que su máxima autoridad político-religiosa -el Ayatollah Alí Jamenei, quien ejerce facultades por encima del presidente y sus ministros- ha prestado su conformidad a lo actuado. Aun así, el presidente de la Asamblea Consultiva Islámica (Cámara de Diputados), Alí Lariyaní, anunció que se revisarán prolijamente las cláusulas y se lo hará con “un enfoque constructivo”, sin aclarar qué significa para él tal expresión.

Una actitud que pesa casi al igual que el primer ministro de cerrada contrariedad y, evidentemente, dispuesto a jugarse por conseguir el rechazo está siendo liderada por el director del diario oficialista “Kaihan”, el reconocido ultraconservador Hossein Shariatmadari, quien ha jurado agotar todos los recursos para frustrar integralmente la gestión realizada.

Es obvio que se siente desairado, pues hasta último momento venía anticipando con mucho énfasis que no habría coincidencias de ninguna especie y se darían por terminados en forma definitiva los encuentros diplomáticos al efecto. Sus prosélitos lo respaldan fervorosamente y plantean, además, que la letra del acuerdo da lugar a dos interpretaciones muy diversas, casi antagónicas, y que ellos no están dispuestos a modificar su rígida postura al respecto. Los principales puntos de disidencia versan sobre la forma y tiempo en que dejarían de regir las restricciones vigentes, así como el régimen de inspecciones que consideran inadmisibles y ultrajantes. Hay que tener muy en cuenta que la interrupción de relaciones se extendió por 38 años y que tal circunstancia no será nada fácil de superar.

Por lo pronto, la convocatoria del canciller chiíta Mohammad Javad Zarif a una sesión especial y secreta de la Cámara de Diputados, sólo dejó trascender de que estudiarán detenidamente el texto y sus respectivos anexos, no sólo las fases técnica y legal sino, muy especialmente, la política. Lo curioso y atípico es que el negociador iraní exhibe un diploma en Derecho Internacional por sus estudios cursados en EEUU pero se lo reconoce como un producto genuino de la república islámica por lo cual, con toda seguridad, defenderá ´”la causa” sin hacer concesiones sobre lo prefijado con su gobierno.

Desde el sector estadounidense, el jefe de su delegación ha sido desempeñada por el muy católico secretario de Estado, John Kerry, junto con su subsecretaria, Wendy Sherman, quienes han venido negociando en un marco de estricta reserva, inicialmente desde la sede de su embajada en Omán, para lograr en lo inmediato, poner límite al desarrollo nuclear iraní. Por sus fe religiosa, durante las pausas de las últimas negociaciones realizadas en Viena, Kerry asistía con frecuencia a una iglesia católica y, simultáneamente, Zarif iba a una mezquita.

Kerry, de 71 años, procura no frustrar su gestión pues tiene en su currícula varias amargas experiencias, entre ellas el fracaso en convencer sobre las bondades de un proyecto definitivo sobre facultades legislativa y el de la elección a presidente, en la que fue derrotado por George W. Bush.

En cuanto al parlamento estadounidense, luego de 21 meses consecutivos de discusiones, que sirvieron para ir limando las rispideces y desencuentros, no las tienen todas consigo. El líder de la bancada republicana anticipa una cerrada oposición y, a menos de un mes de la renovación presidencial junto con la mayoría de legisladores, es obvio que todos se cuidan de cometer algún traspié que les haga postergar o perder la oportunidad de ser ungidos a la posición que aspiran.

Dos frentes todavía no superados que resisten
El espinoso temario y la forma en que se supone resuelto no han satisfecho plenamente a fieles y consecuentes aliados de EEUU, como es el caso de Arabia Saudita y otros países que están ubicados en la región. Mediante el Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Adel al Jubeir, señaló que ellos se sienten “comprometidos a trabajar juntos para rechazar cualquier emprendimiento extremista, incluyendo las actividades de Irán en la región”. No obstante, enfatizó que están preocupados pues está por verse si los iraníes usarán “el acuerdo para mejorar la situación doméstica y no para sus aventuras en la región”; además, desconfían de que se ajusten a lo pactado y quieren mantenerse alertas y vigilantes. Entre los puntos que gozaron de su aprobación está el que contempla la reinstauración de todas las sanciones preexistentes identificada bajo la denominación abarcativa de snap back (volver atrás de inmediato).

Arabia Saudita, por su parte, encabeza un conjunto de países vecinos que combaten a invasores rebeldes en Yemen que, según su versión, han estado hasta el momento, apoyado por las autoridades de Teherán. Advierten de que, si no deponen su actual posición abiertamente golpista, seguirán combatiendo al grupo insurgente de árabes huties que, en el pasado mes de marzo, causaron el derrocamiento del presidente Abd Rabbuh Mansur dado que, según su criterio, en ese área prima un peligroso estado de anarquía que no están dispuestos a tolerar.

El otro gran problema que recrudeció proviene de los planteos de cerrada oposición que formula Israel al acuerdo precitado. Su primer ministro, Benjamín Netanyahu, lo definió como “un gran error de proporciones históricas” y sostuvo que en Teherán se “verá el camino libre para desarrollar armas nucleares”. El primero que viajó especialmente a Jerusalén para tratar de modificar su postura fue el canciller británico Philip Hammond, quien insistió en las garantías que significa el contralor permanente.

Es oportuno tener muy presente que la adquisición de material nuclear está severamente controlado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y se procuró evitar que Irán ingrese al pequeño círculo de potencias compuesto por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (EEUU, China, Rusia, Reino Unido y Francia) a los cuales se han sumado con menores arsenales Pakistán, India, Corea del Norte y, muy probablemente, Israel desde muchas décadas atrás, aunque nunca lo ha admitido.

Parece que la situación, por lo menos para EEUU, es delicada, a punto tal que también encomendaron a su secretario de Defensa, Ashton Carter, un viaje especial a Tel Aviv para ratificar personalmente que Israel seguirá siendo la potencia dominante en la región y aliado indiscutible del gran país americano. En forma específica ha discutido los términos de un reforzamiento del sistema de misiles identificados como Domo de Hierro junto con la cooperación para mantener un régimen conjunto de ciber–defensa.

El presidente Obama advirtió que había que elegir entre el texto concertado “o la guerra”, por la cual considera que todos estén conformes que Irán no pueda por diez años almacenar nuevo uranio enriquecido (se destruirá el existente) y por quince años desmantelar al par de retrotraer infraestructura de producción actual; quedado además obligado a hacer lo propio con 15.000 maquinas existentes que quedan erradicadas en forma definitiva. Al margen de la ratificación de todo lo actuado y su convalidación parlamentaria, la OIEA tiene un plazo de tres meses para emitir un informe que incluya la verificación de que todo se ha cumplimentado en forma definitiva.

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