ESCUCHARPor Roberto Fermín Bertossi (*)
El aumento de la desigualdad generado por baja calidad institucional, malos gobiernos, sistemas financieros ávidos sin control, sistemas fiscales injustos, la corrupción y los flujos ilícitos de capitales, por una distribución injusta de la inversión y el gasto público, por desiguales accesos al capital, al conocimiento y a la tecnología, por injusticia de género, por crecientes brechas en la apropiación del excedente en las relaciones laborales, por exorbitantes índices de inflación -entre otras anomalías-, son penosas realidades que vienen desguarneciendo no solo a los segmentos más vulnerables de la sociedad sino, acechando crecientemente a otros menos vulnerables como la mentada clase media.
En pos de atemperar la gestación e incremento de inequidades, hemos reparado en una modesta pero probada herramienta económica, ecuánimemente distributiva, en tanto y en cuanto supo cooperar inclusivamente en el combate contra las desigualdades y la pobreza.
Nos referimos a ese autentico cooperativismo imbuido de una profunda cultura de la satisfacción.
Es cooperativismo aquel que promueve la libre asociación de personas y familias con necesidades e intereses comunes. Su propósito es conformar una empresa solidaria civil -sin intermediarios ni fines de lucro- en la cual todos sus miembros tienen igualdad de derechos y en la que los beneficios obtenidos se reparten entre sus asociados con justicia distributiva, ello conforme el trabajo, la producción, los usos, los consumos u otros aportes personalizados entre cada cooperativista con «su cooperativa»
Reducir desigualdades resulta esencial para construir sociedades más justas, pacíficas y resilientes. De todos modos sería ilusorio y contraproducente atribuir toda la inequidad del capital humano a fenómenos de tipo discriminatorio, o toda la debilidad de los salarios al poder monopsónico en manos de empleadores. Si bien es indispensable identificar las redistribuciones eficaces allí donde existen, a veces denunciar en cada desigualdad la marca de una grosera ineficacia a la cual un voluntarismo algo mítico podría poner fin, puede «disculpar» del pago de los impuestos necesarios para financiar injustas transferencias fiscales. Éstas, aunque no pueden poner fin a la desigualdad «irreal», al menos atenúan de manera cierta la muy real desigualdad en las condiciones de vida.
Desde esa perspectiva, aún resulta inadvertida la importancia de un Estado social y democrático de derecho en el que los ciudadanos puedan tener acceso mediante cooperativas a bienes tangibles e intangibles para sus usos y consumos como, vg., servicios esenciales de agua potable y saneamiento, de lactancia y nutrición, energías, transporte, gas, comunicaciones, además de educación, salud, vivienda, etcétera, y que ello se logre en condiciones de costos y ahorros que tiendan a la gratuidad o, al menos, asegurar un costo mínimo para que no se continúe produciendo la exclusión en aquellas capas sociales lindantes con la pobreza, y por el contrario sea factor de inclusión social.
Pensemos ahora en una igualdad de oportunidades en la cual todas las personas bajo cualquier circunstancia, tengan posibilidades concretas de acceder a bienes, productos y servicios esenciales, especialmente aquellas personas que habitan zonas de difícil acceso, que tengan limitaciones físicas, geográficas o necesidades sociales especiales.
El fin sería crear un verdadero sector de economía solidaria civil abierto a una estrategia de afines, incorporando otras formas solidarias de organización empresarial e incluso empresas familiares, para alcanzar ese punto de masa crítica, que permitiera una cierta invulnerabilidad del sector cooperativo frente a competencias abusivas o desleales de otros sectores corporativos, y reivindicara instrumentos de promoción, fomento y apoyo para ese sector socialmente sensible de la economía de carácter agrario, industrial, comercial, de la logística, tecnológico, de seguros, de las comunicaciones, de genuinos fondos de inversión y de formación, que les permitiera una cierta igualdad en esa competitividad de mercados con los sectores privados y públicos de la economía, mostrándose así como «otro» sector vigoroso, como una opción y cuña promotora, reivindicativa, redignificante, inclusiva y antitética, entre las polarmente prevalecientes como son «el mercado o el voto», (Thomas Piketty)
La sinergia de esta alianza tendría, sin lugar a dudas, un efecto multiplicador y un beneficio para todos los ciudadanos por la reducción de costos y el incremento de beneficios, ya que no son estos últimos los motores movilizadores del sector cooperativo ni de la economía popular sino, la noble y cabal redistribución equitativa en el marco de la reciprocidad mutual entre los más desfavorecidos y empobrecidos.
Por último entendiendo a la desigualdad como un «cáncer que fragmenta y destruye la sociedad y el desarrollo sostenible», pensemos también en un replanteamiento del principio democrático hacia un constitucionalismo solidario que nos ofrezca la disponibilidad de unos instrumentos tan útiles para consolidar resistentemente, buena parte de todo proyecto transformador y humanamente útil como modesta y complementariamente, desde su escala, son las verdaderas cooperativas en su combate cotidiano contra la desigualdad, la pobreza y la cultura del descarte.
(*) Experto Coneau / Cooperativismo
