ESCUCHARLas trabajadoras sexuales -en especial, las trans- sostienen que el Estado no cumplió con las ayudas prometidas, que menos de 300 personas dejaron la actividad y que la norma las priva de procurarse el sustento y los expone más a la inseguridad
La semana pasada, a cinco años de la sanción, en Francia, de polémica ley que regula la prostitución, trabajadoras sexuales -la mayoría, transgénero- se manifestaron en París para denunciar el impacto negativo de la normativa, aprobada durante el mandato del socialista François Hollande, en 2016.
Miembros del Sindicato del Trabajo Sexual (Strass), del colectivo transgénero Acceptess-T y la ONG Médicos del Mundo plantearon que la legislación sólo llevó a más casos de violencia y acusaron al Estado de desentenderse de la problemática.
En esa línea, señalaron que aunque se prometieron planes de asistencia para quienes quisieran dejar la actividad, de las 40 mil ayudas promocionadas se concretaron menos de 300.
Además, alegaron que este año el Poder Ejecutivo no aportó presupuesto para ayudar al colectivo, fuertemente castigado por la crisis sanitaria.
Multa
Uno de los puntos más controvertidos de la ley es el que establece una multa de entre 1.700 y 4.000 dólares a los clientes y los obliga a asistir a cursos de concientización.
La amenaza de castigo redujo la demanda y los grupos transgénero, especialmente críticos de la legislación, estiman que su modo de subsistencia está perseguido y que la regulación empeoró las condiciones de vida y de salud de las trabajadoras sexuales -en su enorme mayoría, extranjeras-, que se ven obligadas a bajar tarifas y a aceptar tener trato con personas sospechosas, por necesidad.
Entre las consignas que se plantearon durante la protesta se destacaron dos: “Arresten a nuestros agresores, no a nuestros clientes”, y «No me liberen de la prostitución, yo misma me encargo”.
Debate
El debate de la norma tomó más de dos años. Mientras los partidarios aseguraban que protegería a las trabajadoras sexuales y que aportaría a la lucha en contra del tráfico humano, sus detractores afirmaban que afectaría la supervivencia material de miles de personas.
Una de las razones que inclinaron la balanza a favor de la regulación fue que se esperaba que facilitara el acceso a permisos de residencia temporal en Francia si las involucradas aceptaban buscar trabajo fuera de la prostitución.
«El aspecto más importante de esta ley es acompañar a las prostitutas y darles documentos de identidad, porque sabemos que 85% son víctimas del tráfico», argumentó en su momento la parlamentaria socialista Maud Olivier, una de las promotoras de la norma.
Uno de los argumentos centrales de los detractores de la norma es que penalizar al cliente atenta en contra de la libertad individual.
Por su parte, Anne-Cecile Mailfert, presidenta de la Fundación de Mujeres de Francia, aseguró que la penalización de los usuarios facilitaría la labor policial.
Sin embargo, las organizaciones que nuclean a las prostitutas advirtieron de que sumiría a su actividad en una clandestinidad más profunda y que a raíz de ello habría más problemas de seguridad, dos escenarios que, según denuncias, ocurren en la actualidad.
Constitucional
En febrero de 2019, la Justicia estableció que multar a los clientes de prostitución no violenta la carta magna francesa.
El decisorio del Consejo Constitucional cerró una batalla de dos años y medio entre ONG favorables y contrarias a la penalización.
Asociaciones como Médicos del Mundo o el Sindicato de Trabajadoras del Sexo alegaron que la disposición, copiada de la legislación sueca, no colabora a bajar la oferta.
Paralelamente, plantearon que deteriora más condiciones laborales, al obligar a quienes viven de la prostitución a ejercerla en lugares escondidos y con menores protecciones.
Asimismo, apuntaron a que el recorte de la demanda iba a obligar a las prostitutas a reducir sus precios y a aceptar las condiciones de los clientes.
En una investigación aportada por los demandantes, una prostituta contaba, por ejemplo, que desde la entrada en vigor de la ley los clientes se niegan a ponerse preservativos.
Por el contrario, defensores de la norma, como «Osez le feminisme» o el Colectivo de Mujeres contra la Violación, defendieron el «cambio de paradigma» que supone porque, en su opinión, es el único medio pragmático para luchar en contra de las redes de explotación de mujeres.
El Alto Consejo para la Igualdad respaldó esa visión al estimar que el hecho de que pactar actos sexuales sea legal, «hace perdurar la idea de una desigualdad fundamental entre mujeres y hombres», al asentar la idea de que «el cuerpo femenino se puede comprar».
El caso se formalizó primero ante el Consejo de Estado, que luego elevó la cuestión al Constitucional. En su sentencia, el tribunal recordó que no le compete entrar en el fondo del debate, que le corresponde al legislador, y dictaminó que la ley se ajusta a la Carta Magna.
Se limitó a señalar que «la gran mayoría» de las prostitutas es víctima de proxenetismo y trata.
