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Según análisis privados, la gestión impositiva nacional “nunca mejoró tanto como en los últimos años”
Durante los años en que imperaron los preceptos del Consenso de Washington en América Latina -en verdad, en buena parte del mundo-, los organismos multinacionales de crédito (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial) que delinearon y monitorearon las políticas económicas de esos países impulsaron un Estado mínimo, reducido a controlar los “desvíos” del libre mercado – y, en muchos casos, a mucho menos que eso- y a contener las cada vez más acuciantes situaciones sociales que generaban la ampliación del desempleo, de la desigualdad y de la exclusión. Este Estado inerme para la regulación económica e ineficiente e insensible desde el punto de vista social fue caracterizado por muchos analistas como un Estado “bobo”.
Tras la crisis de 2001 en Argentina -y particularmente desde 2003- el Estado fue ocupando un lugar distinto, muchas veces producto de las urgencias de la debacle de principios de siglo, y otras producto de concepciones que lo imaginan con una intervención en la economía diferente de la que tuvo en la década del noventa.
Entre otros ámbitos, el Estado viene ocupando un lugar distinto en la fiscalización y la gestión tributaria, un ámbito central no sólo desde el punto de vista del financiamiento de las políticas públicas destinadas a los más diversos ámbitos sino también como una forma de alcanzar mayores niveles de justicia en materia impositiva, de modo que cada ciudadano aporte en su justa dimensión y posibilidad.
Impacto de los controles
Este reposicionamiento del Estado puede advertirse en el incremento de la recaudación tributaria nacional. Medida en pesos, ésta creció 467% entre 2003 y 2010 y 128% si el cálculo se realiza excluyendo los efectos de la inflación. Estimada en dólares se incrementó 327% en esos siete años.
Buena parte del aumento se explica por la incorporación de nuevos aportes a la recaudación -como los provenientes del llamado “impuesto al cheque” o de las retenciones, que implican 18% de lo que ingresa al fisco-, pero también por la tarea de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que incrementó, ajustó y renovó su accionar, una mejoría perfectamente entendible si se aprecia como correlato de un Estado que busca reinstaurar la primacía de la política sobre la economía y contar con recursos, sin que ello implique mayor endeudamiento externo a tasas usurarias.
De acuerdo con un análisis de la consultora Economía & Regiones, el fuerte repunte en la recaudación en los últimos ocho años “encuentra un pilar fundamental en una mejor gestión y fiscalización tributaria”, al tiempo que “esta mejora se basa en el desarrollo tecnológico del ente recaudador, producto de la autarquía financiera que el organismo consiguió a partir de 2003”.
De hecho, descontando el efecto de la inflación y del crecimiento económico, la recaudación nacional se incrementó 7 puntos porcentuales entre 2003 y 2010, un aumento enorme para surgir sólo de una mejora en la tarea de recaudación impositiva.
La consultora lanzó además una aseveración arriesgada: según su análisis, la gestión y fiscalización tributaria “nunca mejoró tanto como en los últimos años”. Según sus cálculos, en la última década la recaudación total como porcentaje del Producto Bruto nominal creció 10 puntos porcentuales hasta llegar a 27%, mientras que en los noventa permaneció estancada entre 17% y 18%.
Desde el punto de vista empresarial, el accionar de la AFIP –y de las oficinas de recaudación en general- no suele resultar simpático, más aún en un contexto en que son habituales las críticas de las entidades con respecto a un efectivo aumento de la presión impositiva en el país en los últimos años, que ya equivale a más de 30% del producto nacional.
Como toda moneda, esa realidad tiene dos caras: si por un lado se incrementa la presión, por otro esos recursos han contribuido a un fuerte sostenimiento del mercado y de la inversión interna, aún en lo más crudo de la crisis internacional; y además, esa misma presión contribuye a nivelar el espectro empresarial en la medida en que los controles rigurosos fuerzan mayores niveles de formalidad de la economía y, por ende, a abandonar conductas de evasión, largamente arraigadas en algunos sectores del país.
