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Por Carlos Raúl Nayi, exclusivo para Comercio y Justicia
En un país en el que, por un principio de organización política, la autoridad pública desarrolla sus actividades a través de órganos separados, y en el que debe existir un irrestricto respeto al principio de división de poderes en aras siempre -por cierto- de resguardar los derechos y libertades individuales, no debe ser admitida ni tolerada ninguna actividad arbitraria del Estado en ninguna de sus formas, apuntando al objetivo final que es conseguir preservar las garantías para la autonomía individual de cada acción.
