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Comunicación interna en la Justicia: un desafío de cambio cultural

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Por María Virginia Fourcade*
Especial para Comercio y Justicia

En los poderes judiciales, como en cualquier otra organización, la comunicación con sus públicos internos y la dinámica de relaciones intra e interáreas impactan tanto en el funcionamiento diario del organismo como en la prestación concreta del servicio a la comunidad. 

La cultura interna, la actitud de servicio y la satisfacción del usuario, además de la imagen pública, la confianza y la reputación, son valores intangibles que, si bien surgen del cumplimiento de la actividad jurisdiccional, también son consecuencia de la conducta global de la institución y de sus integrantes. No sólo se califica el desempeño del Poder Judicial por la calidad técnica de sus resoluciones sino que también se valora cómo gestiona sus relaciones durante ese proceso. 

La noción de responsabilidad social judicial (RSJ) abarca acciones de generación y sostenimiento de relaciones saludables con y entre el personal, con los profesionales auxiliares y con las personas usuarias del sistema. Se trata de poner en valor el trabajo cotidiano realizado desde cada rincón de la organización judicial, para generar una prestación del servicio cada vez más eficiente, transparente y sustentable. 

Además, la RSJ involucra temáticas sensibles e ineludibles, transversales a toda la organización judicial, que requieren intervenciones puntuales en la cultura interna. La incorporación de valores inherentes a la ética judicial y de la perspectiva de género, la utilización del lenguaje claro así como la eliminación de barreras actitudinales para facilitar el acceso a la justicia, en especial de colectivos en condición de vulnerabilidad, son algunos objetivos fundamentales de trabajo de la comunicación interna (CI) judicial. Para ello, es importante identificar las necesidades de intervención y definir acciones para lograr mayor eficacia y sinergia. 

La CI permite lograr mayor consenso en las metas colectivas y promover, en la magistratura y en el personal, las actitudes necesarias para el logro de tales propósitos. No se trata solamente de asegurar la entrega de información útil, en tiempo y forma, al personal. Debe concebirse como un camino de ida y vuelta, a fin de conocer y satisfacer las necesidades y los objetivos de ambas partes. Además, funciona como alerta ante posibles conflictos y permite proponer soluciones con más tiempo.

En definitiva, colabora en el logro de mejor clima de trabajo, mayor satisfacción laboral, menor conflicto, menor ausentismo, menor rotación de personal, mayor eficiencia y mayor motivación para el trabajo. Todo lo cual redunda en una mejora de la prestación del servicio de justicia, de la confianza pública y de su reputación.

Por otro lado, una buena opinión del público interno siempre ayuda a alcanzar más fácilmente los objetivos y optimizar las posibilidades de la organización. La imagen pública comienza a construirse en quienes integran la organización, que luego la expresan en la prestación misma del servicio de justicia y, también, en otros círculos y redes sociales.

La CI es, hoy, instrumento indispensable para lograr mayor compromiso y consenso dentro de toda estructura organizativa. Sin embargo, la figura piramidal clásica del Poder Judicial plantea ciertas dificultades a la hora de comprender los procesos de circulación de significados en la organización. Por eso, es recomendable diseñar espacios que permitan la generación de “redes de conversaciones” que se adapten mejor a la manera como  naturalmente fluyen los mensajes y a la dinámica relacional entre judiciales.

Este concepto de “red conversacional” debe guiar la estrategia de planificación de la CI judicial. Si bien se reconoce la existencia de los canales que tradicionalmente se clasifican (formales e informales) y las trayectorias del flujo de la información que en la academia se distinguen (descendente, ascendente, horizontal y diagonal), no deben ser restrictivos ni definitorios de las acciones de CI, pues en el contexto actual estos conceptos se desdibujan bastante.

La dispersión geográfica y la realidad diversa de cada sede judicial, área u oficina hacen necesario pensar en una reorganización del ecosistema de canales internos y la posibilidad de algún grado de gestión autónoma de sus comunicaciones.  Para esto, debe considerarse a las/os responsables de dependencias y sedes como “canales” de CI.  Pues asumirían nuevos roles: no sólo como líderes de equipo sino también como referentes en la gestión y creación de contenidos de incumbencia de sus espacios de trabajo.

Gestionar estratégicamente la CI en los poderes judiciales es un gran desafío, un cambio cultural para el que deberán desarrollarse ámbitos de acompañamiento y capacitación. 


(*) Abogada. Magíster en dirección de comunicación (DirCom). Licenciada en comunicación institucional

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