ESCUCHAREl 17 de septiembre pasado se llevó a cabo en Londres el acto de presentación del Índice Mundial de la Innovación de 2015, dirigido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en colaboración con otras dos organizaciones encargadas de auxiliar en esa labor.
El Índice Mundial de Innovación (IMI) es reconocido por medir de forma integral y comparativa las políticas públicas de 144 Estados apuntando especialmente a obtener información respecto a su nivel actual y potencial de desarrollo en innovación. Para esto, se analizan variables tales como la cantidad de patentes y marcas presentadas anualmente en un Estado, los niveles de investigación, los ordenamientos jurídicos, las posibilidades de acceder a créditos con fines de innovación e incluso el nivel de empleo de las nuevas tecnologías para el desarrollo de estos proyectos. Finalmente, se elabora un ranking mundial en el cual se ubica a los países en estudio según el nivel de innovación alcanzado en el año y partiendo de su estado de desarrollo actual.
La lista internacional coloca en la cabeza como los países desarrollados más innovadores a Suiza, Reino Unido, Suecia, Holanda y Estados Unidos de América. Por su lado, entre los países en desarrollo, los que tienen un mayor índice de innovación son Kenia, Mozambique y Uganda, mientras que en Latinoamérica los países que capitanean la lista son Chile, Costa Rica y México. En el caso de Argentina, los resultados nos ubican en el puesto Nº 72 a nivel mundial y Nº 10 respecto de otros hermanos de este lado del continente.
El modo como se han ubicado los países en este ranking ha llevado a la OMPI a determinar que existe una serie de principios mediante los cuales los Estados pueden llegar a niveles crecientes y cada vez más óptimos de innovación y con ello alcanzar más fácilmente los nuevos desafíos que seguramente en estos días se reafirmarán en la Cumbre de las Naciones Unidas, en Paris.
Entre ellos, las claves parecen ser esencialmente seis: la primera determina que las políticas de innovación que los gobiernos lleven adelante deben enfocarse en todos los rubros e industrias; la segunda fija que dichas políticas deben soportar todas las fases en las cuales la innovación se lleve adelante, es decir, desde su investigación o génesis hasta su concreción.
El tercer principio -y quizás el más central de todos- indica que los gobiernos deben retomar el concepto de “Destrucción Creativa” de Sombart y Schumpeter que impone inclinar a los emprendedores a llevar adelante innovaciones realmente destructivas de todo lo existente y a revolucionar los negocios o las industrias en las que se desenvuelvan, de forma tal que nada sea lo que fue desde la inserción de la innovación de que se trate. El principio cuarto para la impulsión de políticas importa mantener bajos los precios de las importaciones vinculadas con TIC; el quinto es apoyar las fuentes de inversión que a su vez impulsan la innovación, y sexto -directriz que parece evidente pero tan esencial que puede llegar a escaparse del análisis- insta a crear una política concreta de desarrollo de la innovación con una organización por detrás que la continúe y la apoye en todas sus fases.
Como podemos ver, el camino que los Estados han recorrido este año -aun en el contexto político económico y social internacional complejo que ha planteado 2015- ha sido muy disímil, pero no por ello se ha nublado la visión de la innovación y la propiedad intelectual como una de las herramientas más prolíferas para la inclusión y el desarrollo de sus naciones hacia mejores niveles de vida.
* Agente de la Propiedad Industrial. ** Abogada
