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Con matices, la situación en Argentina no difiere mucho respecto de la región. Falta de acceso a los pequeños productores, acaparamiento de propiedades e irregularidad en la tenencia, en el marco de Estados poco activos, son los denominadores comunes.
res agencias latinoamericanas coincidieron en que en la región hay un proceso de “concentración” de la tenencia de la tierra, según el informe “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas” que realizaron en conjunto.
Se trata de un nuevo informe de Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
“La región sigue experimentando un cambio estructural, que incluye procesos de minifundización y de concentración de tierras”, sostiene el trabajo. Las tres agencias dieron a conocer lo que denominaron como una “radiografía de la agricultura y el desarrollo rural en la región”, incluida la “ganadería, bosques y pesca”, mientras que un apartado especial se ocupa de la tenencia de tierra en la región.
El representante regional de la FAO, Raúl Benítez, admitió que “un aspecto clave para avanzar hacia la erradicación total del hambre en la región es que los pequeños agricultores tengan mayor acceso a recursos como la tierra”.
En la Argentina, este debate viene siendo sostenido por las organizaciones campesinas y de pequeños agricultores, que en los últimos años se han visto despojados de sus tierras por parte de grandes empresarios -nacionales y extranjeros-, en el marco de la extensión de la frontera agropecuaria que se produjo a partir de la expansión de los cultivos transgénicos, básicamente la soja.
Según el informe, “la región cuenta con millones de pequeñas explotaciones campesinas que coexisten con medianas y grandes”, generando una estructura agraria muy heterogénea. “En ésta se reproduce un esquema de desigualdad en la distribución de activos que perpetúa y acentúa las brechas de productividad”, explica el informe.
Los especialistas precisaron que “el antiguo latifundio ha dado paso a grandes empresas capitalistas insertas en los circuitos del comercio internacional, mientras que la pequeña propiedad experimenta un proceso de fragmentación, originado por ventas y herencias”.
“En algunos países, las tensiones entre campesinos con o sin tierras y grandes propietarios se siguen manifestando con fuerza”, se dijo. Sin ir más lejos, los conflictos sobre tierras están muy presentes aún en Brasil -a partir del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)- y en Argentina, donde no hace mucho se produjo el asesinato del campesino Miguel Galván -en el paraje El Simbol, en la frontera entre Santiago del Estero y Salta- y las sospechas recaen sobre un empleado de una gran empresa agropecuaria salteña.
También la irregularidad en la tenencia de la tierra se consideró como una situación conflictiva. “En la mayoría de los países, una gran cantidad de explotaciones agrícolas no posee títulos de propiedad, fenómeno particularmente marcado en los países del Caribe y en las zonas de frontera agrícola de Centroamérica y América del Sur, lo que frena la inversión, genera conflictos sociales e impide generar adecuados planes de ordenamiento territorial”.
Tal situación es muy frecuente en el norte de Córdoba, en tierras que antes no eran utilizadas por las empresas agropecuarias sino por las familias del lugar, para el autoabastecimiento. A partir de la extensión de la frontera agrícola, se volvieron atractivas para el desarrollo de la ganadería y la agricultura intensivas, lo que disparó las usurpaciones de campos, los desalojos de los antiguos pobladores y los conflictos de tierras, en el marco de una fuerte inacción estatal.
El trabajo considera además que “el acaparamiento de tierras es otro fenómeno incipiente en la región, y aunque por ahora se presenta en pocos países, puede producir el desplazamiento de la población local y generar un nuevo tipo de latifundio y problemas de soberanía territorial”.
Sobre este punto -la concentración de la tierra, ligada a la extranjerización-, los países de la región tomaron algunas medidas importantes. El gobierno de Uruguay, por ejemplo, comenzará a cobrar, en diciembre, un impuesto a propietarios de predios que sumen entre 2.000 y 5.000 hectáreas de tierra. El Congreso argentino, por su parte, aprobó el año pasado un proyecto para restringir la extranjerización de tierras, que limitó en un 20% del total la venta de tierras a manos extranjeras.
