Acceso a la justicia ambiental en la justicia de Paz – Acuerdo de Escazú

*Por Ileana Oliva

En el Día mundial de la Madre Tierra, el 22 de abril comenzó a regir en nuestro país el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el “Acuerdo de Escazú”, que representa el primer instrumento normativo pionero en materia ambiental de América Latina y el Caribe. Por él se establecen los estándares regionales para el acceso a derechos humanos en asuntos ambientales y se brinda protección a las comunidades en situación de vulnerabilidad.

La justicia de Paz es la institución por excelencia que simboliza la garantía de acceso a la justicia a lo largo y a lo ancho de las regiones latinoamericanas.

En Argentina, 22 provincias cuentan con estrados de justicia de Paz, a los que la  ciudadanía acude para que un magistrado “con rostro y de carne y hueso” recepte su planteo y le brinde los canales y las herramientas adecuadas al caso; en esta ocasión, en materia ambiental.

Múltiples son los conflictos que aquejan a las poblaciones urbanas, semiurbanas y rurales en materia de ambiente, siendo los juzgados de Paz verdaderos centros de acceso a derechos y auténticos portales para acceder a la justicia en los procesos de toma de decisiones y sensibilización jurídica comunitaria en estos asuntos. Por ello, debemos ampliar la mirada sobre el concepto de acceso, dado que esta noción no sólo debe entenderse como el derecho de la ciudadanía a contar con un tribunal próximo, con patrocinio jurídico gratuito, sino que abarca cuestiones como el lenguaje que utilizan los agentes de la justicia, el trato afable y empático, la inmediatez humana con que se atiende a los justiciables, sin formalismos, rigorismos ni intermediarios.

A los tribunales de Paz llegan diariamente asuntos de la más diversa materia jurídica y social; de allí que puede decirse que constituyen un fuero propio y, a la vez, múltiple; y que no están ajenos a la garantía constitucional de idoneidad para los cargos públicos, que exige que el juez posea un caudal de conocimiento científico-jurídico holístico tal que le permita brindar un servicio de justicia en condiciones de igualdad, pues la ciudadanía de las pequeñas urbes merece una magistratura capaz de interpretar el derecho mediante el diálogo de fuentes y con perspectiva de vulnerabilidad.

Así lo exige este tratado, que establece que los Estados deben contar con órganos competentes con conocimientos especializados en materia ambiental, dentro de los cuales se incluye a la magistratura de Paz.

¿Dónde, si no, concurriría la ciudadanía en las poblaciones del interior ante un conflicto de incidencia colectiva como son las cuestiones ambientales si no es a los juzgados de Paz?

Córdoba

La ley 10115 de Policía Ambiental le otorga a dicho órgano ejecutivo la facultad de control, fiscalización y cese de las actividades públicas y/o privadas que puedan afectar el equilibrio del ambiente, y a requerir el auxilio del Poder Judicial a los fines de inhibir tales efectos, para lo cual requerirá de órdenes de allanamiento para constatar dichos hechos; es la judicatura la única con la prerrogativa constitucional de autorizar la excepción a la garantía de la inviolabilidad del domicilio, y jueces Paz, mediante un control de legalidad fundado, decidirán el dictado de las órdenes de allanamiento, posibilitando con ello la concreción de la garantía de accesibilidad instaurada en el Acuerdo de Escazú.

El 29 de abril, a días de haber entrado en vigencia el tratado, el Juzgado de Paz de La Calera puso en acción esos postulados internacionales al hacer lugar a un requerimiento de la autoridad ambiental. Fue la primera oportunidad en que se aplicaron sus disposiciones en territorio cordobés, tutelándose en particular a una comunidad estudiantil de niños, niñas y adolescentes (100 Reglas de Brasilia, Convención Derechos del Niño, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales) ante el presunto criadero de aves en malas condiciones sanitarias y olor nauseabundo en inmediaciones de una escuela.

^{*Jueza de Paz de la Provincia de Córdoba}