Academia Nacional de Periodismo: ¿gasto público innecesario?

Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe (*)

El 12 de diciembre de 1955, Pedro Eugenio Aramburu dictó el decreto-ley 4362, relativo a las academias nacionales, que en sus fundamentos sostiene: “En su seno se reúnen los hombres que, tras largos estudios y una valorada obra personal, han adquirido el caudal de una experiencia decantada y diversa”. Agrega: “Dan ocasión a que se disciernan a los ciudadanos merecedores de la gratitud de la patria la recompensa de un honor más apreciable que cualquier retribución material”. 

La norma dispone, a su vez, que el título de académico es vitalicio y constituye “el honor que se discierne a quienes hayan dedicado su vida, con relevante mérito” (art. 1).

Años después, el presidente Carlos Menem, mediante el decreto 1879, de fecha 16 de octubre de 1992, incluyó la Academia Argentina de Periodismo (ANP) en el régimen de las academias nacionales del decreto 4362/55. El gestor de la medida presidencial fue el ministro de Educación, Antonio Salonia, estrechamente vinculado con el Grupo Clarín.

En su estatuto, la ANP determinó, como uno de sus fines básicos: “Postular que el ejercicio del periodismo se realice fundado en principios éticos y se manifieste por un constante ejercicio de la verdad, de la expresión de un pensamiento ecuánime para juzgar los actos individuales o sociales” (art. 2, inc. c).

Asimismo, en el estatuto de la academia se dispuso que “los candidatos a académicos de número y correspondientes deben ser propuestos por escrito cuando menos ‘por tres académicos de número’, y que dichas propuestas serán analizadas por una comisión integrada al menos por ‘tres académicos de número designados por la Mesa Directiva’ (art. 19). 

Otra condición que se establecía es que la propuesta del candidato o candidatos deberá hacerse en “sesión privada” y que la votación se realizará en la sesión privada siguiente, que debía ser secreta. “Para ser elegido es preciso reunir los dos tercios de votos de los académicos de número presentes en la sesión, la que deberá contar con la asistencia de la mitad más uno de los miembros de número”, se agrega (art. 20).

De lo referido surge, claramente, que la integración de los miembros de la academia de manera vitalicia opera como un núcleo cerrado, en el que no se puede ingresar sino por una serie de compromisos internos, tanto ante los que proponen el o la candidato/a y ante los o las que aceptan la propuesta. Todo ello con lógicas de un tipo de club cerrado, en el que existen verdaderas bolillas negras para acceder o no, decidido en sesiones privadas y secretas. 

Actualmente, con el referido mecanismo, casi 80% de los integrantes y directivos de la academia pertenece o se desempeñó en los medios de los grupos Clarín y La Nación. No ocurre una representación amplia del periodismo en general; tampoco se respeta la paridad de género.

En la dinámica referida, las universidades, los gremios periodísticos, el Estado y la sociedad no pueden proponer académico/a alguno/a. De esa forma, de ninguna manera se responde íntegramente al objetivo de las academias de reconocer libremente, sin acuerdos secretos y vínculos con medios de difusión determinados, “a quienes hayan dedicado su vida, con relevante mérito en el ejercicio del periodismo” y merecer la gratitud de la patria.

A su vez, esa estructura cerrada, con sede en la Biblioteca Nacional, se sostiene con fondos del Presupuesto del Estado nacional. 

El presidente de dicha academia, el periodista Joaquín Morales Solá, en una nota del diario Infobae del 3 de marzo de 2021 reclamaba más dinero para el funcionamiento de la academia. Decía: “Estamos en una situación muy extrema económicamente, al punto que, en el último mes, tuvimos que recurrir a fondos de contingencia que tiene la academia, pero eso se puede terminar en cualquier momento si no hay una actualización del Estado de las sumas que se nos destinan… El aporte histórico que hace el Estado a las academias, que no tienen forma de financiación, anduvo bien hasta mediados del año pasado 2020”.

Hay que agregar también que gran parte de los/as periodistas de la academia, siguiendo la perspectiva política de los sectores mediáticos a los que pertenecen, por lo general en sus comentarios se ensañan con los más débiles: critican los gastos públicos destinados a subsidios que se les otorgan, los que consideran innecesarios y deficitarios. 

Pero no analizan que la “Academia-club de Clarín y Nación” que los nuclea recibe dineros del Estado, cuando en los hechos no se cumple con los requisitos que justifican el organismo. 

Tampoco la academia se ha ocupado de trabajar un código de principios éticos, como lo refiere el estatuto, que rija el “ejercicio del periodismo” para que el oficio se realice “fundado en principios éticos y se manifieste por un constante ejercicio de la verdad”.

Al respecto hay que referir, a manera de ejemplo, que el jueves 6 de abril pasado la periodista Laura di Marco, en diálogo con su coega Viviana Canosa en el programa “+ Viviana”, emitido por el canal LN+, se refirió a la hija de la vicepresidenta y dijo que padecía “una anorexia nerviosa galopante”, consecuencia de “falta de madre, falta de nutrición materna”.

Las inaceptables afirmaciones de las referidas periodistas fueron repudiadas por muchos sectores sociales y políticos. Así, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), organización de ingreso amplio mantenida por fondos aportados por los integrantes, presencia federal y elección de las autoridades democráticamente, emitió un comunicado de rechazo a los dichos estigmatizantes y discriminatorios que formularon Canosa y Di Marco sobre la Cristina Fernández y Florencia Kirchner. 

En el escrito, sostuvo: “Nuestro Código de Ética es muy claro al afirmar, en su artículo 34, que ‘los periodistas deben respetar la privacidad y la intimidad de las personas’, la libertad de expresión conlleva el cumplimiento de normas éticas y el respeto de las buenas prácticas profesionales”.

Sin embargo, la ANP no se pronunció sobre la situación. ¿Será porque su presidente Morales Solá es periodista estrella del diario La Nación y del canal LN+; canal este último en el que se produjo la grave falta ética?

¿Se justifica seguir destinando fondos públicos a sostener un grupo de periodistas como miembros/as vitalicios/as de un espacio cerrado, circunscripto a los pertenecientes a medios hegemónicos o vinculados con ellos, que se eligen entre sí, responden a los intereses de dichos medios, no han fijado principios éticos para el ejercicio del periodismo ni se han manifestado ante un accionar éticamente reprochable?

Habrá que repensar el tema y actuar en consecuencia.

(*) Abogado constitucionalista