ESCUCHARPor José Emilio Ortega y Santiago Espósito (*)
Un expediente judicial que involucra los derechos de 166 millones de estadounidenses gestantes (80 millones viven en Estados que restringirían de inmediato la opción a decidir), que podría limitar la actuación de 100.000 personas/año que anualmente abortan, mantiene en vilo a la comunidad estadounidense y es seguido con interés en el resto del mundo.
Un portal de noticias publicó un draft firmado por el juez de la Suprema Corte de EEUU Samuel Alito, que revoca los estándares tutelados por el precedente Roe v. Wade (1973). Apoyarían esta postura sus colegas Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, todos de extracción conservadora y designados por presidentes republicanos.
No confirmó postura John Roberts, parte de esa ala (se dice que avalaría). Los tres jueces restantes son de perfil liberal. La corte reconoció como propio el borrador, señaló que es habitual la práctica de hacerlos circular entre jueces y decidió la apertura de una investigación para deslindar responsabilidades.
El debate reavivó las tensiones que entre republicanos y demócratas se mantienen en este sensible campo. El caso Dobbs contra la Organización de las Mujeres Jackson es un recurso contra el veto de Misisipi a la interrupción del embarazo después de las 15 semanas de gestación.
La corte deberá resolver si se mantiene el estándar de Roe (24-28 semanas, que ya fue reducido por muchas leyes estaduales) o admite la viabilidad del feto desde la semana 15.
En un contexto en el que la autonomía de los Estados subnacionales se proyecta a las competencias legislativas en materia de fondo, los que defienden posturas conservadoras vienen limitando normativamente el derecho al aborto: exigencias previas de todo tipo, reducción de supuestos (incluso soslayando hipótesis no controvertidas como la violación), restricciones para el uso de seguros médicos, consenso de ambos progenitores para concretar la práctica, limitación de centros habilitados para dicha asistencia, etcétera. Se han relevado (Guttmacher Institute) 1.300 leyes desde 1973, en los últimos diez años 566. Los Estados que ya tendrían preparados marcos jurídicos para profundizar estas limitaciones, del total de 50 que integran la Unión, serían entre 20 y 26, particularmente de las regiones sur y medio oeste. Las medidas tendrán inmediatas repercusiones en ciertas franjas poblacionales, de menos recursos, particularmente de extracción inmigrante.
La guerra cultural
Se trata de otro capítulo en esa “guerra cultural” advertida por los especialistas, en la que, desde 1973, el aborto entró en la agenda política institucional.
El lineamiento de la corte en “Roe” fue tutelar el derecho a decidir en el marco de su privacidad individual (14ª enmienda de la Constitución de EEUU) hasta que el feto es viable, completado con el interés del Estado por tutelar al embrión desde su viabilidad y el respeto institucional a los criterios científicos por sobre los de orden moral o religioso. El fallo, empero, no estableció un consenso; hubo fuertes reacciones y un serio intento de tumbar el criterio en 1992 (caso Planned Parenthood contra Casey)
Diversos movimientos a favor y en contra del derecho a abortar fueron endureciéndose y entremezclándose con otros puntos de la agenda social (feminismo, laicismo, racismo, género, discriminación laboral, etcétera), y éstos, a su vez, condicionando y promoviendo dinámicas en la arena política (candidatos, campañas, nuevos actores volcados desde los movimientos sociales a los partidos, diversos tipos de alianzas con impacto local y nacional, etcétera).
El disenso también penetró en la justicia con una significativa presencia de magistrados, quienes catalizaron en los últimos años la radical ofensiva conservadora, que a sus cuestionamientos de orden moral asociaron el progreso de la medicina en cuanto a la atención de neonatos prematuros, como argumento para impulsar la reducción de las semanas en las cuales se podría ejercer el derecho.
Los políticos republicanos mantuvieron una postura antiabortista decidida; desde Ronald Reagan a Donald Trump, quien sumó 80% de los votos de evangelistas en 2016 al incorporar como vicepresidente al referente de esa confesión Mike Pence (destacado como gobernador de Indiana por sus posturas restrictivas del derecho a interrumpir el embarazo). Trump impulsó también la designación de tres jueces conservadores en la corte.
Las encuestas más serias describen la opinión pública estadounidense sin mayores variantes desde 1973: en torno a 60% de los ciudadanos apoyando el aborto legal y 40% avalando la restricción.
En ambas vertientes, la militancia en torno a estas ideas se ha complejizado y trasladado a la dinámica política e institucional. Pero ha sido más efectiva, en esta instancia de la guerra cultural, la reacción de un núcleo consolidado que, aunque minoritario, es muy significativo y se ha traducido en presencia activa (mientras el 60% mayoritario se ha diversificado entre quienes forman parte de la ciudadanía más activa y aquellos que no se involucran, no concurren a votar, etcétera).
Quizá se concreta actualmente el fenómeno inverso al de 1973: un colectivo que siente la necesidad de ir por el cambio, encontrando motivación para cohesionarse y presionar de manera más efectiva.
Consecuencia del fallo
La sentencia no anularía -de mantenerse el proyecto de voto conocido- el derecho a abortar pero lo restringe significativamente y pone en cabeza de los Estados la obligación de legislar. Dice Alito en el draft: “La Constitución no prohíbe a la ciudadanía de cada Estado reglamentar o prohibir, garantizar o limitar, el aborto. Roe y Casey -los dos fallos que legalizaron el aborto anteriormente- se arrogaron esa potestad. Nosotros anulamos esas dos sentencias anteriores y le devolvemos la autoridad al pueblo y a sus representantes”.
Se enfoca en si la corte tiene realmente derecho a ampliar derechos no explicitados en la Constitución o si ello debe ser resorte del Poder Legislativo.
Los congresistas han expresado posturas contrapuestas: hay quienes celebran la medida por considerarla crucial en la consolidación de un movimiento “provida” (republicanos) y quienes señalan que un cambio de jurisprudencia no se ancla en criterios hermenéuticos razonables, que ya no deberían discutirse por tratar sobre derechos implícitos mayoritariamente, consentidos y ejercidos por el pueblo estadounidense por décadas (demócratas).
El presidente Joe Biden (demócrata) ha calificado el proyecto como “radical” y dice estar listo para responder para sostener legislativamente el derecho en riesgo.
Los expertos no sólo ponen el ojo en la eventual restricción sino en su impacto en los diversos colectivos que hoy integran un Estado multirracial y complejo, como también en su proyección a otras prerrogativas constitucionales que podrían afectarse en el mediano o largo plazos. También en su impacto internacional, regional o global.
