En plena campaña electoral, el ex presidente Néstor Kirchner prometió impulsar una modificación de la Ley de Concursos y Quiebras en beneficio de las cooperativas.
La actual ley, aprobada en los 90, dispone la licitación pública de las empresas quebradas y -eventualmente- realizar ventas directas. La propuesta de Kirchner permitiría la recuperación de empresas por sus trabajadores. La iniciativa no es nueva y es aplicada en España. Allí, los magistrados por disposición legal deben consultar al personal de las empresas quebradas si desean presentar un plan de recuperación.
El ex presidente planteó su intención durante una recorrida por la localidad de Hurlingham, donde visitó a una curtiembre administrada por una cooperativa. Allí destacó que ese tipo de emprendimiento es “un símbolo de que no se necesita ser un genio o recibirse en Harvard para administrar, porque aquí los trabajadores lo demostraron con toda responsabilidad”.
Kirchner, ante unos 300 obreros, elogió el trabajo del gobernador Daniel Scioli y la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para aprobar la ley de expropiación que facilitó la recuperación de la curtiembre.
Cambio de prioridad
El ex presidente dijo que el cambio que impulsará dará preferencia a los trabajadores para la adquisición de la empresa fallida. Actualmente existe el artículo 190 de la Ley de Concursos y Quiebras –que no se aplica– que prevé que “en toda quiebra, el síndico debe informar al juez dentro de los 20 días corridos contados a partir de la aceptación del cargo, sobre la posibilidad excepcional de continuar con la explotación de la empresa fallida o de alguno de sus establecimientos y la conveniencia de enajenarlos en marcha”.
“En la continuidad de la empresa se tomará en consideración el pedido formal de los trabajadores en relación de dependencia que representen las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales quienes deberán actuar en el período de continuidad bajo la forma de una cooperativa de trabajo”, añade el artículo.
Además de no aplicarse en la práctica, la ley considera la posibilidad de mantener la empresa en marcha como algo excepcional, mientras que lo normal es liquidar los activos para resarcir a los acreedores, según el grado de privilegio.
La norma tampoco prevé que la propiedad de la empresa pase a los ex empleados, lo que dio lugar a casos como los del Hotel Bauen, que – una vez saneado por los trabajadores- fue reclamado por el grupo empresario fallido, que logró recuperarlo mediante una ley de la Legislatura porteña.