Manifestaron que una mayor intervención del Estado no asegura la universalidad de la conectividad sino que puede generar menores desarrollo y penetración de los servicios de banda ancha
Ante los proyectos de ley e iniciativas de regulación que proponen considerar los servicios de conectividad a Internet como un servicio público, la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (Cappi) expresó su posición contraria a ellos. El resto del contenido sólo es accesible para usuarios suscriptos al diario. Si estás suscripto, iniciá sesión con tu usuario/e-mail y tu contraseña.
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