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Audiencias por “guerra del GNC” en Córdoba se iniciaron sin los acusados

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Los pequeños estacioneros  de la ciudad denunciaron a las grandes petroleras de buscar la asfixia económica de la competencia.

Sin la presencia de las empresas expendedoras de GNC cordobesas  acusadas de vender el combustible a bajo precio comenzaron las primeras audiencias en Defensa de la Competencia.

La acusación contra  los estacioneros que comercializan el metro cúbico por debajo de los 90 centavos se inició con las declaraciones de   Fausto Maranca, presidente de la Cámara Argentina de GNC y Rosario Sica, presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles (Fecra).

La dependencia de control consideró precedente su intervención y analizará la evolución del mercado. Ya evaluó que existen conductas contrarias a la ley 25156, en cuanto a la afectación de la libre competencia.

Según los denunciantes, el bajo precio es impulsado por las grandes compañías y afecta la libre competencia del mercado  con la amenaza de cierre de las pequeñas firmas expendedoras.

La oficina de Defensa de la Competencia en Buenos Aires recibió de las compañías  Distribuidora de Gas del Centro SA (Ecogas),  y el organismo de control Enargas, por medio de su gerencia de GNC, sustancial documentación para la investigación.

Los acusados de ser responsables directos de la posición dominante no se presentaron a la audiencia y tampoco lo hicieron sus abogados.

La ley citada precedentemente y que busca aplicarse en esta denuncia protege a dos personas jurídicas, el cliente y la competencia. La imputación a los expendedores presentada en enero y octubre del año pasado, números 1275 y 1303 ante la dependencia nacional, manifiesta que existe una cartelización en la disminución del precio del metro cúbico del GNC en varias estaciones de servicio de la ciudad de Córdoba, lo que afecta la libre competencia.

De acuerdo con la presentación, la   distorsión en el precio es predatoria, pues desarma la rentabilidad y el capital de la competencia, lo que puede llevar a la bancarrota, como ya ocurrió en reiteradas ocasiones.

Según explica el expediente que acompaña la causa, la situación perjudica a los pequeños empresarios de estaciones que no pueden acoplarse a las ofertas de bajo precio y -para no perder clientela- deben poner el mismo valor, pero vendiendo a pérdida, lo que las condena a colgar las mangueras.

Se estima, según cifras no oficiales, que en caso de que la autoridad nacional condene a los estacioneros por la política de precios, éstos podrían llegar a percibir multas del orden de los tres millones de pesos por tratarse de una acción realizada por varios años.


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