En Córdoba se presentó ayer el primer amparo. Lo interpuso un abogado de Villa Carlos Paz. En Buenos Aires también se hicieron planteos, entre ellos, una acción de clase.
La Secretaría Civil del Juzgado Federal Nº2 de la ciudad de Córdoba, a cargo de Inés Garzón Maceda, receptó ayer el primer amparo de la provincia en contra de la resolución de la Comisión Nacional de Comunicaciones, a partir de la cual se declaró la caducidad del permiso que tenía la empresa Fibertel como operadora del servicio de Internet .
El planteo fue presentado por el abogado de Villa Carlos Paz Jorge Rodríguez quien, patrocinado por Valeria Melacrino, cuestionó la decisión del Gobierno que obliga a los usuarios a migrar, en un plazo no mayor de 90 días, a otra empresa que preste ese servicio.
En la acción, el abogado consideró que con esta decisión el Gobierno no sólo le restringió como ciudadano su derecho a la libertad de elección sino que, además, se violó el precepto que busca proteger los intereses económicos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios. El letrado recordó que para contar con un servicio de Internet con similares características al de Fibertel, es necesario -primero- poseer una línea telefónica.
Más presentaciones
A nivel nacional también se registraron varias presentaciones de particulares por el mismo tema.
En Buenos Aires, el abogado Matías Joaquín Robirosa radicó un amparo ante el Juzgado en lo Contencioso-administrativo Nº 10, a cargo de la jueza Liliana Heiland. En el escrito sostuvo que “los ciudadanos son víctimas de una lucha que les es ajena” y planteó que la resolución anunciada la semana pasada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, “es ilegítima y arbitraria”.
En el mismo sentido se pronunció el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien presentó una acción de clase. En sus fundamentos, el jurista también calificó la decisión del Gobierno de “arbitraria e ilegítima”. Asimismo, sostuvo que se violaron los derechos de los usuarios a elegir libremente su prestador de Internet, así como la libertad de expresión, ya que el acceso a la web fue equiparado, por la ley 26032, a esa garantía constitucional.
En la misma línea, Ricardo Monner Sans realizó una presentación ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. En sus fundamentos cuestionó la legalidad de la medida: “La validez del acto depende de su notificación. La aplicación zigzagueante de esta última norma conlleva que la Administración entienda que su actuar goza de presunción de legitimidad”.
Finalmente, el abogado Isaac Wieder fue más allá y denunció penalmente al ministro De Vido y al secretario de Comunicaciones, Carlos Salas, por los presuntos delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y contra la seguridad de los medios de comunicación”.
Los afectados y las presentaciones
– En Córdoba hay más de 105 mil usuarios de Fibertel: 80.200 están en el Gran Córdoba y 25 mil en Villa María, San Francisco, Río Cuarto, Carlos Paz, Laboulaye y Bell Ville.
– La empresa Cablevisión anunció que ejercerá todas las acciones administrativas y judiciales, tanto en el fuero Civil como Penal, para defender sus derechos y velar por la continuidad de sus servicios.
– Los diputados nacionales de los principales bloques opositores ya presentaron un proyecto de ley para derogar la decisión del Gobierno nacional.
