ESCUCHAREl avance en Tierra del Fuego de un “puerto multipropósito” construido por el régimen chino puso en alerta a Juntos por el Cambio, que criticó la instalación del país presidido por Xi Jinping en la Argentina y le reclamó al Gobierno que frenara la intromisión de naciones extranjeras en territorio soberano.
La advertencia de la oposición llega por las sospechas de que, en realidad, el puerto es una excusa que utiliza China para construir una base naval con un muelle y salida al mar. La empresa que está detrás del plan es China Shaanxi Chemical Industry Group, que, además, se comprometió a instalar una planta química y una central eléctrica en el mismo lugar.
El primero en expresar críticas a la obra fue Federico Pinedo, ex senador del PRO: “La decisión de que un estado extranjero instale un puerto internacional en una provincia es un tema de política exterior. Tenemos que mantener la región como zona de paz y no permitir la introducción de conflictos globales. La Antártida forma parte de un acuerdo global. Tenemos problemas de pesca ilegal”.
Y completó: “La Cancillería tiene la obligación de intervenir suspendiendo el proceso del puerto internacional hasta que se fije la política exterior correspondiente”.
A estos dichos se sumó el diputado nacional Fernando Iglesias, quien le apuntó directamente al Gobierno: “Resulta absurdo que una administración provincial pueda avanzar en este tema sin que haya un consenso nacional amplio. No queremos ser la puerta abierta a Sudamérica y la Antártida para ninguna dictadura! Detenga esta locura, canciller Santiago Cafiero”.
En sintonía con esto, el diputado nacional por Tierra del Fuego Tito Stefani exigió que el gobernador Gustavo Melella explique los pormenores de la obra: “Es sumamente importante para los fueguinos conocer de boca del gobernador los detalles del acuerdo firmado con la empresa estatal China Shaanxi Chemical Industry Group para construir una planta multipropósito en Río Grande”.
Y agregó: “Es un convenio que data desde hace tiempo, tuvo muchas idas y vueltas, e inclusive, el Gobierno nacional se había opuesto al desarrollo de una planta china en el país. Los recursos y la soberanía están en juego. Sr. Gobernador: tranquilice a los vecinos y explique el real impacto que puede tener una inversión del país asiático en la provincia”.
Federico Frigerio, legislador nacional por Tierra del Fuego con proyección de competir por la gobernación, también manifestó su preocupación por el puerto chino: “Países y empresas del mundo, con buenas prácticas operativas, están siempre invitados a invertir en Argentina, pero la infraestructura estratégica de interés geopolítico, como el puerto de Río Grande, es soberanía. Estos deben estar siempre en manos de capitales nacionales”.
En diálogo con Infobae, el senador Pablo Blanco advirtió que “no hay información oficial” sobre la construcción del puerto y pidió que, de estar avanzando la obra, Melella debería “salir a explicar”. Además, subrayó que al ser un tema relacionado a la soberanía nacional debería intervenir la Cancillería. “Si el gobernador firmó un convenio sin la participación de las autoridades nacionales y del poder legislativo provincial es un grave error porque no está dentro de sus facultades”, cerró.
Quien habilitó el desembarco de empresas chinas en Tierra del Fuego fue el actual gobernador Gustavo Melella: el memorándum que habilita el trabajo de la empresa del régimen data del 7 de diciembre y lleva su firma. Ahora será la Legislatura local la que deberá ratificar la decisión política del mandatario del Frente de Todos, consignó El Diario del Fin del Mundo.
De acuerdo al documento, China Shaanxi Chemical Industry Group se comprometerá en la “construcción de un proyecto con una capacidad anual de 600 mil toneladas de amoníaco sintético, 900 mil toneladas de urea y 100 mil toneladas de glisofato”. Pero más allá de esta producción, lo que más interés provoca en el régimen es cumplir con el sueño de contar con un puerto propio en la región más austral del planeta que en un futuro podría considerar como una puerta de entrada a la Antártida. Es por eso que el régimen se enfocará particularmente en levantar “una terminal portuaria multipropósito con recinto interno que permita el amarre de embarcaciones de 20 mil toneladas”.
