ESCUCHARLa consulta fue realizado por la Asociación Andar y la Federación de Talleres Protegidos (Fetap). Según los datos de la encuesta voluntaria, 93% de las entidades presenta problemas económicos de distinta índole.
Por Luz Saint Phat / [email protected]
Un sondeo reciente reveló la difícil situación económica que atraviesan los prestadores del Programa Federal Incluir Salud, en el marco de la crisis que vive el país.
El relevamiento fue efectuado por la Asociación Andar y la Federación de Talleres Protegidos (Fetap) e indicó, entre sus principales conclusiones, que 93% de los participantes voluntarios manifestaron tener alguna dificultad en los pagos de distintos ítems.
La encuesta fue respondida por 376 prestadores de gran parte del territorio nacional entre el 18 de enero y el 22 de enero pasado, mediante un formulario de Google.
El programa Incluir Salud se desarrolla bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad y 
posibilita el acceso a los servicios sanitarios a los titulares de la Pensiones No Contributivas. Según se detalle en el sitio web oficial, los fondos nacionales se transfieren a las provincias, con el objetivo de “garantizar que todas las personas titulares de dichas pensiones, independientemente de dónde vivan, pueden acceder a una atención de calidad”.
En relación al estudio, entre los principales resultados, se precisó que 152 prestadores indicaron tener deudas con la AFIP del año pasado, mientras 148 indicaron que no pueden afrontar la carga impositiva correspondiente a este año. Por otro lado, 92 casos señalaron que adeudan salarios del personal correspondientes a 2019, en tanto que 137 no pueden afrontar las cargas laborales correspondientes a este ciclo. Por su parte, 112 adeudan servicios del año pasado y el número asciende a 113 cuando se trata de servicios correspondientes al primer mes de 2020. Finalmente 98 entidades indicaron que tomaron créditos para hacer frente a sus obligaciones y sólo 25 aseguraron que se encuentran “al día”, es decir, sin deudas.
En porcentajes, 53% de los participantes de la encuesta presentan al menos una problemática, mientras 40% se encuentra afectado por al menos dos. El porcentaje de las entidades que no refirió tener las dificultades planteadas por el estudio sólo fue de 7%.
En relación a los ítems sobre el funcionamiento de las entidades, 42% contestó que continúa su labor pero con conflictos laborales, 19% indicó que desarrolla sus actividades con normalidad, 15% precisó que se encuentra próximo a cerrar, 1% dejó de funcionar durante el año pasado (4 casos), y 2 entidades llamaron a concurso. Entre otras cuestiones, los encuestados indicaron que padecen recortes en la cantidad de servicios brindados, han reducido sus puestos de trabajo, disminuyeron el presupuesto para mantenimiento de infraestructura y recursos, y se endeudaron con proveedores y entidades financieras.
En cuanto a los participantes, el documento con los resultados (que actualmente puede consultarse en Internet https://drive.google.com/file/d/1yud5jBxf591OiLsW4YINgPAzfbsYvc1H/view) indicó que 127 son de Buenos Aires, 75 son de Santa Fe, 50 de la provincia de Córdoba, 30 pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 19 de Tucumán, 14 de Salta, 13 de Mendoza, y 10 de Chaco, mientras otras provincias tuvieron menor representación en el muestreo.
Vale señalar que aunque la encuesta no abarca todo el universo de los prestadores que funcionan en distintos puntos del país, su utilidad reside en que permitió realizar un primer diagnóstico que da cuenta de la situación sectorial.
El sondeo – indicó el documento – “surge de la necesidad de responder en forma urgente a una solicitud de información realizada por nuevo director de la Agencia Nacional de Discapacidad, sobre el estado de situación de los prestadores que brindan servicios a destinatarios del programa Incluir Salud”.
Políticas públicas
En tanto, en la jornada de ayer, la Agencia Nacional de Discapacidad realizó un acto en el que presentó a sus nuevas autoridades, siendo Claudio Espósito el director ejecutivo designado al frente del organismo.
Se estima que la problemática que deberá afrontar el nuevo funcionario es de envergadura ya que, según precisó un comunicado de la Asociación Apadim Córdoba, la deuda con las entidades prestadoras del programa sanitario asciende a $8 mil millones.
“Durante los últimos años en todo el país se multiplicaron movilizaciones y reclamos de personas con discapacidad, transportistas e instituciones dedicadas a brindar servicios a personas con discapacidad”, precisó la organización cordobesa y agregó que “el centro de estos reclamos fue ocupado por los recortes en las pensiones no contributivas, las trabas en los expedientes de nuevos pensionados, la burocratización en estos trámites que dejó a muchos beneficiarios afuera y la impactante deuda que el anterior gobierno nacional fue contrayendo y acrecentando desde el 2017 con cientos de instituciones y prestadores de todo el país, por prestaciones brindadas a personas con discapacidad pensionadas, beneficiarias del Programa Federal Incluir Salud”.
También en la misma línea, otro comunicado emitido en los últimos días por la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba describió que la situación que la administración de Cambiemos dejó en el campo de la discapacidad es de “tierra arrasada”.
“La nueva gestión asume en un momento crítico, enfrenta urgencias y desafíos en un momento en que las organizaciones y las personas con discapacidad no les queda tiempo para seguir esperando”, advirtió el texto de Apadim Córdoba. “Además del problema de la deuda, debe reactivar el sistema de pagos por las prestaciones de Incluir Salud que quedaron virtualmente estancadas desde los últimos meses del 2019; reactivar los Centros de Atención Locales (CAL) en buena parte del país, restituir procesos de trabajo, apurar las respuestas ante los trámites atrasados de pensiones, etc. Todo el panorama se incluye en la situación de emergencia general”, aseguró la entidad.
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