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Diputados dio media sanción para una reforma laboral reducida: los detalles

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La Cámara de Diputados aprobó en particular una reducida versión de la reforma laboral en el marco del debate de la ley de Bases.

De esta manera se aprobó la extensión del período de prueba, el fondo de cese laboral optativo a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (de hasta 8% de las remuneraciones) y la derogación de multas por no registración laboral.

En tanto, fue borrado del texto original el artículo que establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloquearan empresas en el marco de pujas salariales o laborales.

La limpieza de los puntos más controvertidos desde la mirada de los gremios se dio a pedido de diputados como el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, que no quiso firmar un dictamen que tocara fibras sensibles para la CGT.

En cuanto a los períodos de prueba (comúnmente llamados «pasantías»), que actualmente son de tres meses, la propuesta es extenderlos a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores, de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores.

La empresa solamente podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez. La utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivización de un trabajador es pasible de sanciones.

Cómo quedó el proyecto

  • Modificaciones en la legislación laboral existente: la reforma modifica significativamente las leyes 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) y 24.013 (Ley de Empleo), incorporando nuevos artículos y derogando otros, como el artículo 1 de la ley 25.323.
  • Blanqueo y moratoria laboral: se introducen medidas para regularizar la situación de trabajadores no registrados. Esto incluye un periodo de blanqueo y moratoria para las empresas que decidan regularizar la situación laboral de sus empleados, promoviendo así la formalización del empleo.
  • Extinciones penales y eliminación de deudas: el proyecto propone la extinción de acciones penales y la eliminación de deudas para las empresas que se adhieran al proceso de regularización laboral, además de la baja en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.

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