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Nicaragua: universitarios opositores fueron condenado a penas de entre 8 y 10 años

DICTADURA. La presión de la dupla Ortega-Murillo contra la oposición escaló en febrero.
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Se los responsabilizó por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad”

En Nicaragua, tres jóvenes opositores al régimen que encabezan Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, fueron condenados a penas de entre 8 a 10 años de cárcel. Uno de ellos integra la Alianza Universitaria de Nicaragua (AUN)

El juez Félix Salmerón los responsabilizó por los delitos del “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad”.

La ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) precisó que el juicio se hizo a puertas cerradas y la AUN definió al proceso como un “montaje arbitrario contra la libertad”.

Los tres universitarios fueron capturados por militares el 1 de noviembre pasado en el municipio de Cárdenas, cerda de la frontera con Costa Rica.

De acuerdo con la denuncia pública de la AUN, fueron retenidos para una requisa por soldados del Ejército de Nicaragua, que posteriormente los trasladaron a una base militar en Managua.

Los ahora condenados forman parte de un grupo de más de 200 nicaragüenses que según los organismos humanitarios son presos políticos. Incluye a los líderes de AUN. Lesther Alemán y Max Jérez.

Datos avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indican que en Nicaragua hay al menos 255 presos políticos, entre dirigentes opositores, estudiantes, campesinos, empresarios, defensores de los derechos humanos, feministas, periodistas y líderes religiosos.

Los arrestos se iniciaron después de abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular por polémicas reformas a la seguridad social.

Ante las exigencias para que renunciara, Ortega respondió con la fuerza alegando que había un golpe de Estado en marcha.

Las manifestaciones antigubernamentales fueron reducidas con ataques armados que, según la CIDH dejaron al menos 355 muertos.

La crisis política en el país se agravó tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que sin transparencia alguna Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo y el segundo junto Murillo como vicepresidenta, con siete de sus potenciales rivales en prisión y dos en el exilio.

La AUN, que forma parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, fue la contraparte del régimen en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida a la crisis que vive el país desde abril de 2018.

Exiliados
A mediados de mes, 24 organizaciones de la oposición y de exiliados nicaragüenses intimaron al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que actúe frente a la indolencia de Ortega por los derechos humanos y del sistema democrático interamericano.

“Emplazamos al Consejo Permanente de la OEA para que, de una vez por todas reconozca, denuncie y actúe ante el rechazo de Ortega-Murillo a todos los intentos de la OEA en pro de la protección de los derechos humanos y del sistema democrático”, indicaron los grupos, entre los que se encuentran la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP) y Nicaragüenses en el Mundo (NEEM).

Según los grupos, pese a que el organismo declaró ilegítimo el proceso electoral que le dio a Ortega su tercera reelección consecutiva, el secretario general del ente, Luis Almagro, “guarda silencio sobre sus gestiones para obtener anuencia de la dictadura a la visita de una misión de alto nivel” la país.

Almagro tenía hasta el 31 de diciembre pasado para informar al Consejo Permanente de la OEA sobre sus negociaciones, pero hasta el caso de Nicaragua, que incluye una posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana, sigue estancado.

“Basta de declaraciones y exhortaciones. Basta de gestiones inútiles. Basta, señores embajadores, de contemporizar con esta dinastía familiar y con un binomio ilegítimo señalado por crímenes de lesa humanidad. Los Estados suscriptores tienen el imperativo ético de actuar urgentemente conforme el artículo 21 y los principios consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana”, resaltaron las organizaciones.

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