ESCUCHARLa autora es una de las cientos personas políticamente perseguidas por el régimen de Daniel Ortega y declaradas apátridas en violación al sistema internacional de DDHH
La escritora nicaragüense Gioconda Belli, de 74 años, aceptó la nacionalidad chilena después de que el régimen de Daniel Ortega la despojara de la suya junto a otras 93 personas, a mediados de febrero.
En su tierra natal se las acusa de “traición a la patria” y son consideradas prófugas de la justicia.
La Cancillería del Gobierno de Gabriel Boric le ofreció a los afectados residir en el país y obtener la nacionalidad chilena.
La autora nacida en Managua que vive exiliada en España desde 2020 confirmó que tomará la nacionalidad chilena. “Si hay otro país que siento con todo mi corazón como cercano es Chile”, dijo.
La ministra de Relaciones Exteriores de Boric, Antonia Urrejola, celebró la decisión de Belli pese a las tristes circunstancias y sostuvo que “es un honor” que “tremenda poeta, escritora y feminista” acepte ser chilena.
A mediados de febrero y en menos de una semana, el régimen que comandan Ortega y su esposa, Rosa Murillo, desterró a Estados Unidos a 222 presos políticos, declarándolos “apátridas”, y despojó de la nacionalidad nicaragüense a otros 94 opositores, entre los que figuraban destacados escritores, políticos, intelectuales, activistas o religiosos.
Chile manifestó su profundo rechazo a las últimas maniobras del régimen sandinista.
Las acciones del Ortega fueron condenadas en todo el mundo y la semana pasada más de 450 intelectuales divulgaron un manifiesto para respaldar a los afectados, titulado “Son y serán nicaragüenses”.
Entre los firmantes figuran los Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y Orhan Pamuk, y los ex presidentes de Costa Rica Luis Guillermo Solís (2014-2018) y Carlos Alvarado Quesada (2018-2022).
La proclama denuncia que las recientes medidas que tomó a administración nicaragüense “violan el derecho humano fundamental a tener una nacionalidad y la prohibición a que se prive arbitrariamente de ella a cualquier ser humano”, consignada en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
También recuerda que en los últimos dos años al menos 18 universidades fueron canceladas arbitrariamente como una forma de control ante la rebelión estudiantil de 2018 que dejó 328 muertos, cerca de dos mil heridos y cientos de detenidos.
Además, consigna que lo propio sucedió con más de tres mil organizaciones de la sociedad civil y alrededor de 20 medios de comunicación.
El grupo precisó que desde 2018, el régimen de Ortega prohíbe la entrada a Nicaragua de organismos internacionales humanitarios, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Exhortamos a la comunidad internacional a que se pronuncie y asuma un papel activo en todas las acciones que puedan llevar al cese de los abusos y las violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen Ortega-Murillo. Exhortamos también al Gobierno nicaragüense a que detenga la represión contra su pueblo”, cerró.
La lista de signatarios incluye a numerosos periodistas, como la argentina Leila Guerriero y la mexicana Carmen Aristegui, y a escritores como Elena Poniatowska, Salman Rushdie y Paul Auster.
Además, suscribieron la carta la fotógrafa Susan Maiselas, quien retrató los episodios de la Revolución Sandinista, y el cantautor panameño Rubén Blades.
Poco antes, la denominada Coalición Nicaragua Lucha, compuesta por 19 organizaciones defensoras de los derechos humanos, rechazó la privación arbitraria de nacionalidad, entre otros derechos fundamentales restringidos, impuesta por el régimen a 94 personas.
“Lejos de cumplir con sus deberes internacionales, el Gobierno nicaragüense sigue practicando un terrorismo de Estado, sofisticando sus métodos represivos, dejando en situación de apatridia a personas defensoras de derechos humanos, muchos de ellos con medidas cautelares”, manifestó en una declaración.
“El régimen de Ortega-Murillo, bajo la figura de traición a la patria, inclusive sin un juicio y con total falta de debido proceso, ha profundizado sus prácticas violatorias ante la mirada de organismos internacionales, instituciones de derechos y espacios multilaterales”, advirtió.
