La Asociación de la Prensa de Madrid y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España reivindicaron la libertad de expresión pero recordaron que “no puede convertirse en un instrumento para tratar de intimidar a los profesionales de la información e intentar que se autocensuren”
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) exigieron que Podemos deje de señalar e insultar “con nombres y apellidos” a los reporteros que critican la actividad de esa formación política.
En comunicados, ambos grupos reivindicaron la libertad de expresión pero recordaron que ésta “no puede convertirse en un instrumento para tratar de intimidar a los profesionales de la información e intentar que se autocensuren para evitar verse señalados”.
En esa línea, enfatizaron que se trata de una práctica repudiable que genera peligros para la integridad de los afectados.
Cabe recordar que el lunes de la semana pasada, Podemos difundió un video promocional en el que anima a llamar “sinvergüenzas” y “corruptos” a periodistas que lo fustigan y anima a no escuchar la cadena radial Cope, por su línea editorial crítica con el partido.
La APM y la FAPE indicaron que no es la primera vez que condenan ataques a informadores por parte de Podemos o de algunos de sus dirigentes y reiteraron su reclamo en pos de que esa fuerza, que tiene representación parlamentaria y miembros en el Gobierno español, “evite descalificaciones y respete el libre ejercicio del periodismo, pilar indiscutible de la democracia”.
Campañas
En tanto, la FAPE adelantó que les pedirá a los partidos políticos y administraciones públicas que les den “máximas garantías” a los periodistas para cubrir las próximas campañas electorales, según acordó en su última asamblea, a la que concurrieron cerca de 90 reporteros de distintos puntos de España.
La federación volvió a cuestionar las “ruedas de prensa sin preguntas” y les solicitó a las empresas periodísticas que se comprometan a no cubrir eventos “supuestamente informativos” que no garanticen la plena participación de los profesionales de la comunicación.
Bajo esa premisa, señaló que ya peticionó que indiquen expresamente si habrá posibilidad de formular preguntas.
Además, anunció que resolvió solicitar al Consejo de Administración de la Radio y Televisión Española (RTVE) la anulación de la convocatoria para la cobertura de puestos de trabajo sin requisitos de titulación en Ciencias de la Información, Periodismo o Comunicación.
Según la FAPE, en las bases del llamado se viola el principio constitucional que establece la necesidad de que la comunicación sea realizada por profesionales cualificados; máxime, si se trata de medios dependientes del Estado.
Secreto profesional
En tanto, la FAPE, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y otras agrupaciones nucleadas en el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) lamentaron lo que definieron como el “desinterés” de los grupos parlamentarios por aprobar el proyecto de Ley Orgánica de Protección del Secreto Profesional del Periodismo, que lleva cuatro meses en el Legislativo pese a que casi la totalidad de los diputados se comprometieron a apoyarlo.
Según las agrupaciones, el articulado está “paralizado y en peligro de caer” por la falta de impulso de su trámite en la Comisión de Justicia del Congreso.
Resaltaron que la iniciativa cumple el mandato del artículo 20 de la Constitución española y que “no provoca ninguna polémica política ni implica coste alguno”.
El doble objetivo de la futura ley es proteger a las personas físicas y jurídicas que hayan servido de fuente de información y evitar actuaciones que menoscaben el secreto profesional y desincentiven a futuras fuentes a colaborar con los medios de comunicación.
Diciembre
Sobre el final del año pasado, la portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, puso en valor el servicio que prestan los medios de comunicación y los profesionales de la información en la ampliación del espacio democrático y de conformación de la ciudadanía.
“Estoy convencida de que hay que asignar los esfuerzos necesarios para proteger el derecho a la información. Es la razón principal que nos mueve a regular por ley el secreto profesional, porque creemos en la función social del periodismo, porque el derecho a la información es uno de los principales derechos constitucionales y porque estamos convencidos de la necesidad de reforzar la información veraz», dijo.
