La Justicia del país que comanda Daniel Ortega los declaró traidores a la patria y los inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. La Asamblea Nacional presentó un trámite de urgencia que busca reformar la Constitución. Los 222 opositores ya llegaron a Estados Unidos
En Nicaragua, más de 200 presos políticos fueron desterrados por el régimen de Daniel Ortega y enviados a Estados Unidos.
En un informe transmitido por la televisión oficialista, el juez Octavio Rothschuh confirmó que se ordenó la deportación de 222 personas que fueron declaradas traidores a la patria e inhabilitadas de por vida para ejercer cargos públicos.
“Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua”, dijo Rothschuh.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desmintió negociaciones entre su gobierno y el régimen que comanda Ortega para la liberación y envío a su país de los opositores que estuvieron encarcelados hasta hace horas.
Sin embargo, un portavoz del Departamento de Estado aseguró que se “facilitó el transporte” de las personas a las que Ortega “decidió liberar unilateralmente”.
La Asamblea Nacional de Nicaragua presentó un “trámite de urgencia” para reformar el artículo 21 de la Constitución Política, para que las personas condenadas por traición a la patria pierdan su calidad de nicaragüenses.
La iniciativa fue aprobada con 89 votos a favor, pero debe ser ratificada en enero de 2024.
El artículo 20 de la Constitución Política de Nicaragua dice: “Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”. Y el artículo 21, que el oficialismo quiere modificar, reza: “La adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes”.
Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la OEA, celebró la noticia.
Hace poco menos de un año, McFields, por ese entonces emisario del país ante el organismo regional, calificó al régimen de Ortega como “dictadura”.
“Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible”, afirmó el diplomático en una sorpresiva intervención ante el Consejo Permanente de la OEA.
“No hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles, no existe separación de poderes”, aseguró.
“En el gobierno nadie escucha y nadie habla. Lo intenté varias veces pero todas las puertas se me cerraron”, subrayó en marzo de 2022.
“La diplomacia es necesaria en momentos de crisis como vive mi país. Lo que pasa en Nicaragua supera mis capacidades diplomáticas”, enfatizó.
McFields se refirió también a la censura, a los ataques a la prensa y la falta de libertades en general.
“Desde 2018, Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay libertad de publicar un simple comentario en las redes sociales. No hay organismos de derechos humanos. Ni uno solo. Todos fueron cerrados, expulsados o clausurados”, manifestó.
Además, fustigó la avanzada contra las universidades y del cierre de ONG.
Universitarios
A fines de enero pasado, tres jóvenes opositores al régimen que encabezan Ortega y su esposa, Rosario Murillo, fueron condenados a penas de entre 8 a 10 años de cárcel. Uno de ellos integra la Alianza Universitaria de Nicaragua (AUN)
El juez Félix Salmerón los responsabilizó por los delitos del “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad”.
La ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) precisó que el juicio se hizo a puertas cerradas y la AUN definió al proceso como un “montaje arbitrario contra la libertad”.
Los tres universitarios fueron capturados por militares el 1 de noviembre pasado en el municipio de Cárdenas, cerda de la frontera con Costa Rica.
De acuerdo con la denuncia pública de la AUN, fueron retenidos para una requisa por soldados del Ejército de Nicaragua, que posteriormente los trasladaron a una base militar en Managua.
Los ahora condenados forman parte de un grupo de más de 200 nicaragüenses que según los organismos humanitarios son presos políticos. Incluye a los líderes de AUN. Lesther Alemán y Max Jérez.
Datos avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indican que en Nicaragua hay al menos 255 presos políticos, entre dirigentes opositores, estudiantes, campesinos, empresarios, defensores de los derechos humanos, feministas, periodistas y líderes religiosos.
Los arrestos se iniciaron después de abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular por polémicas reformas a la seguridad social.
Ante las exigencias para que renunciara, Ortega respondió con la fuerza alegando que había un golpe de Estado en marcha.
Las manifestaciones antigubernamentales fueron reducidas con ataques armados que, según la CIDH dejaron al menos 355 muertos.
La crisis política en el país se agravó tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que sin transparencia alguna Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo y el segundo junto Murillo como vicepresidenta, con siete de sus potenciales rivales en prisión y dos en el exilio.
La AUN, que forma parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, fue la contraparte del régimen en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida a la crisis que vive el país desde abril de 2018.
Exiliados
A mediados de mes, 24 organizaciones de la oposición y de exiliados nicaragüenses intimaron al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que actúe frente a la indolencia de Ortega por los derechos humanos y del sistema democrático interamericano.
“Emplazamos al Consejo Permanente de la OEA para que, de una vez por todas reconozca, denuncie y actúe ante el rechazo de Ortega-Murillo a todos los intentos de la OEA en pro de la protección de los derechos humanos y del sistema democrático”, indicaron los grupos, entre los que se encuentran la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP) y Nicaragüenses en el Mundo (NEEM).
Según los grupos, pese a que el organismo declaró ilegítimo el proceso electoral que le dio a Ortega su tercera reelección consecutiva, el secretario general del ente, Luis Almagro, “guarda silencio sobre sus gestiones para obtener anuencia de la dictadura a la visita de una misión de alto nivel” la país.
Almagro tenía hasta el 31 de diciembre pasado para informar al Consejo Permanente de la OEA sobre sus negociaciones, pero hasta el caso de Nicaragua, que incluye una posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana, sigue estancado.
“Basta de declaraciones y exhortaciones. Basta de gestiones inútiles. Basta, señores embajadores, de contemporizar con esta dinastía familiar y con un binomio ilegítimo señalado por crímenes de lesa humanidad. Los Estados suscriptores tienen el imperativo ético de actuar urgentemente conforme el artículo 21 y los principios consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana”, resaltaron las organizaciones.
