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Decreto Nº 115/2007
Buenos Aires, 13 de febrero de 2007
VISTO:
el Expediente Nº 154.390/06 del registro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y
CONSIDERANDO:
Que constituye una preocupación permanente del Gobierno Nacional desarrollar las acciones conducentes a un mejoramiento de los sistemas de administración de justicia afectando los recursos materiales y humanos a su alcance.
Que, en ese entendimiento, por Resolución Nº 262 del 1º de noviembre de 2005 el Ministro de Justicia y Derechos Humanos constituyó el «Grupo de trabajo para efectuar los estudios preparatorios de la reforma procesal penal» con el propósito de realizar un relevamiento de los proyectos legislativos con trámite parlamentario, referidos a la materia procesal penal en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación; compilar y analizar las reformas introducidas en dicha materia en los últimos diez años en las provincias argentinas; relevar las recomendaciones efectuadas por las principales organizaciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, en materia de reformas al sistema de enjuiciamiento penal en igual período; y, finalmente, analizar y sistematizar las distintas fuentes de información estadística, que proporcionen datos sobre la evolución y el funcionamiento real del sistema de enjuiciamiento penal en el ámbito federal.
Que de los estudios realizados surge que, a pesar del avance que en su momento significó la puesta en funcionamiento del Código Procesal Penal de la Nación, sancionado por la Ley Nº 23.984, su aplicación viene demostrando la necesidad de corregir ciertos defectos del sistema, tanto los propios de dicha legislación, como los causados por el devenir natural de las instituciones y el cambio de las condiciones sociales.
Que, en una rápida síntesis, las cuestiones a corregir pueden ser resumidas en las siguientes:
a) establecer un mejor equilibrio entre la eficacia de la persecución penal y el respeto de las garantías de los ciudadanos;
b) disminuir la cantidad de hechos de relevancia penal que no llegan a ser resueltos;
c) lograr el juzgamiento de los hechos materia de investigación, en un plazo razonable;
d) fortalecer el juicio oral y público como pilar indiscutido de legitimación para arribar a una sentencia penal; e) mejorar la organización del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Que, sin perjuicio del mérito que revisten varios de los proyectos normativos actualmente en discusión en el Honorable Congreso de la Nación, teniendo en cuenta la complejidad de los problemas enunciados anteriormente, resulta necesario abordar una reforma integral del sistema de enjuiciamiento penal.
Que, a efectos de planificar debidamente dicha reforma, abordándola como una auténtica política de Estado, se torna imprescindible constituir un grupo de trabajo representativo de distintos sectores políticos e institucionales interesados en la materia.
Que, con tal propósito, es conveniente conformar en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una Comisión Asesora para la reforma de la legislación procesal penal, la cual funcionará de acuerdo con las pautas que determine el señor Ministro del área.
Que dicha Comisión tendrá como objetivo elaborar un proyecto de Código Procesal Penal para la Nación, una Ley de Organización Judicial en dicha materia, y a su vez, propondrá las modificaciones que estime pertinentes a la Ley Orgánica del Ministerio Público hoy vigente, con el propósito de lograr mayor eficiencia en su implementación, tomando para ello como base los antecedentes e información recogida en los estudios preliminares ya realizados.
Que, la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional.
Por ello,
Decreta:
1.- Elaborar un anteproyecto de Código Procesal Penal de la Nación.
2.- Elaborar un anteproyecto de Ley de Organización Judicial que permita la implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento en materia penal.
3.- Proponer las reformas que estime pertinentes a la Ley Orgánica de Ministerio Público (Nº 24.946 y su modificatoria Nº 25.909) a los fines previstos en el apartado anterior.
Doctor D. Juan Beccani (DNI Nº 6.063.837).
Doctor D. Carlos Alberto Beraldi (DNI Nº 13.430.665).
Doctor D. Fernando Díaz Cantón (DNI Nº 16.130.705).
Doctor D. Luis Mario García (DNI Nº 13.410.464).
Doctora D. Vilma Lidia Ibarra (DNI Nº 14.391.657).
Doctor Ángela Ester Ledesma (DNI Nº 10.439.981).
Doctor Luis Francisco Jorge Cigogna (DNI Nº 4.521.797)
Doctor Adrián Marchisio (DNI Nº 20.021.574).
Doctor Miguel Ángel Pichetto (DNI Nº 8.482.440).
Doctora Rosario Margarita Romero (DNI Nº 13.043.122)
Doctor Marcos Gabriel Salt (DNI Nº 16.037.555).
Doctor Ernesto Ricardo Sanz (DNI Nº 12.518.446).
