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WikiLeaks: la defensa de Assange intenta frenar su extradición a EEUU

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La defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, apeló la decisión de la ministra del Interior británica Priti Patel de extraditarlo a EEUU.

En abril pasado, un juez del Tribunal de Magistrados de Westminster aprobó la extradición de Assange, a Estados Unidos.

Esa decisión prácticamente agotó las vías legales de Assange dentro del Reino Unido para evitar un juicio en tribunales estadounidenses. Con la manda del juzgador de Westminster a la vista, Patel tomó su decisión.

Desde hace años, la justicia de Estados Unidos busca enjuiciar al australiano por la difusión de documentos clasificados sobre actividades diplomáticas y militares estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán. Para la administración del demócrata Joe Biden, Assange no es un periodista sino un pirata informático que puso en riesgo la vida de informantes. Así, siguió la línea que mantuvo el gobierno de Donald Trump respecto al proceder del australiano.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que el caso es un ataque a las libertades de prensa y de expresión y al derecho a la información.

Por su parte, los abogados de Assange argumentan que su asistido no debería haber sido acusado porque actuaba como periodista y está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de prensa.

Los problemas legales de Assange comenzaron en 2010, poco después de que WikiLeaks publicó 700 mil documentos militares y diplomáticos confidenciales, entre los cuales un video en que se veía cómo helicópteros de combate estadounidenses disparaban contra civiles en Irak, en 2007, y mataban a una docena de personas en Bagdad, incluidos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters.

Assange, de 50 años, fue detenido en abril de 2019, después de pasar siete años en la embajada de Ecuador en Londres. Ahí se refugió en 2012, vulnerando las condiciones de la libertad bajo fianza impuestas por la justicia inglesa mientras examinaba una petición de extradición de Suecia, que lo reclamaba por delitos en contra de la integridad sexual, imputaciones que luego fueron desestimadas. Allí vivió hasta su espectacular detención por la policía británica, cuando el ex presidente Lenín Moreno le retiró el apoyo que le había concedido su predecesor, Rafael Correa.

La decisión del sentenciante de Westminster cerró el capítulos más grave del derrotero de Assange ante los tribunales del Reino Unido.

En enero de 2021, la magistrada Vanessa Baraitser, de la Corte Penal de Londres, resolvió no extraditarlo debido a preocupaciones por la influencia de la medida en su salud mental.

Baraitser analizó la evidencia presentada por la defensa sobre las supuestas intenciones suicidas de Assange y valoró que estaba ante “un hombre deprimido y por momentos desesperado”, y concluyó que en Estados Unidos se deterioraría y tendría motivos “para cometer suicidio” a raíz de “la ‘determinación obsesiva’ de su trastorno de espectro autista”.

No obstante, rechazó el pedido de los abogados del fundador de WikiLeaks para que se le otorgara la libertad bajo fianza.

Para obturar esa posibilidad, con éxito, la fiscalía alegó que Assange disponía de recursos para huir y citó la oferta de asilo político que le hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La defensa planteó que las palabras del mandatario se malinterpretaron, que su propuesta se aplicaría sólo al final del proceso y que en ningún caso abriría las puertas de la embajada mexicana, pero sus argumentos naufragaron.

En agosto de 2021, a siete meses del fallo de Baraitser, el magistrado Timothy Holroyde cuestionó el informe que, en junio, confirmó que había “riesgo de suicidio”.

Holroyde consideró que la salud mental del encausado no es tan endeble como para no poder afrontar un proceso judicial en EEUU y desafió las conclusiones de Baraitser y del dictamen que las ratificó, al estimar que se le otorgó demasiada importancia al estudio psiquiátrico.

En diciembre pasado, la justicia británica revocó la negativa a extraditar al fundador de WikiLeaks a Estados Unidos, que ganó la apelación que promovió en contra de la sentencia de la jueza Baraitser, basada en los supuestos problemas mentales del encausado. Los fiscales estadounidenses afirman que Assange ayudó ilegalmente a la analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos Chelsea Manning a robar los cables diplomáticos clasificados y los archivos militares que WikiLeaks publicó más tarde con un falso CD de la cantante Lady Gaga.

Manning fue detenida en 2010 y sentenciada a 35 años de prisión en 2013.

La ex soldado del Ejército estadounidense, llamada Bradley antes de hacer pública su transexualidad, es considerada una pieza clave de WikiLeaks: fue la primera gran fuente del portal de Assange.

Pasó siete años en prisión hasta que el ex presidente Barack Obama le concedió un perdón presidencial. Luego volvió a la cárcel por negarse a testificar ante un gran jurado sobre una investigación a WikiLeaks y recuperó la libertad en 2020.

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