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La ex jueza federal Nº3, Cristina Garzón de Lascano, y el ministro de Justicia de la Provincia, Luis Angulo, fueron citados a declarar este jueves en el juicio que se sigue al ex presidente de facto, Jorge Rafael Videla y a otros 30 represores.
La magistrada, jubilada a fines del año pasado, fue citada por dos razones fundamentales: fue la instructora de las dos causas que se ventilan en el debate oral, conocidas como “Gontero” y “UP1”, y además fue la secretaria del fallecido juez Adolfo Zamboni Ledesma, señalado por varios sobrevivientes como un magistrado que actuaba en sintonía con los represores.
Además de Garzón de Lascano, también está previsto que declare el ministro Angulo, quien durante la época de la represión actuó como abogado defensor de varios presos políticos.
Apropiación de menores
En el marco de las causas en las que se investiga la apropiación de menores durante la última dictadura militar, el próximo martes la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, Sonia Torres, conocerá la decisión de la Justicia sobre la apelación de la falta de mérito que dispuso Garzón de Lascano para nueve imputados en la causa de sustracción, retención y ocultamiento de su nieto.
Cabe recordar que por la medida judicial de Garzón de Lascano se vieron beneficiados Luis Manzanelli, José Hugo Herrera, Carlos Alberto Díaz, Carlos Vega, Cayetano Quijano, Arnoldo José López, Héctor Romero, Emilio Morard y Ricardo Lardone, quienes integraban el “grupo de tareas” de La Perla.
De ser favorable el fallo para Torres, continuará la causa que investiga el secuestro y posterior desaparición de Silvina Mónica Parodi de Orozco (que al momento de su detención estaba embarazada de seis meses y medio), y de su marido, Daniel Francisco Orozco, como así también la sustracción del bebé de Silvina, nacido en cautiverio.
María Teresa Sánchez, representante legal de Abuelas de Plaza de Mayo, cuestionó la medida en tanto dijo que “la resolución es contradictoria, porque asegura que el destino final de Silvina Parodi estuvo a cargo del OP3 mientras que la entrega del menor habría estado a cargo de otras personas”. La abogada funda su consideración en el testimonio de una detenida “común” en la cárcel del Buen Pastor, Mirta Pico, quien declaró que tuvo dudas de que la familia que esperaba en la puerta del penal la entrega del bebé, fuera la de Silvina Parodi.
