Validan una asamblea que modificó la forma de liquidar las expensas en un barrio cerrado

Un grupo de vecinos que no estuvo de acuerdo con la decisión tomada fue a la Justicia a solicitar su nulidad. En primera instancia se le dio la razón, lo cual fue revocado por la cámara interviniente

Al entender que no se advirtió falta de precisión, completitud o claridad del punto del orden del día con entidad suficiente para provocar la nulidad de la decisión adoptada, la Cámara 2ª en lo Civil y Comercial de Córdoba hizo lugar a la apelación presentada por la demandada Sociedad Administradora Siete Soles SA y revocó la sentencia de primera instancia, que había admitido la demanda de un grupo de vecinos que solicitó anular la asamblea en la cual se decidió una nueva forma para liquidar las expensas.

El tribunal concluyó que en el caso no existió incertidumbre ni sorpresa o cercenamiento de los derechos de los accionistas,sino una gran disconformidad con el resultado de la votación.

Los vocales Silvana María Chiapero, Delia Inés Rita Carta de Cara y Fernando Martín Flores indicaron que el análisis de la totalidad del plexo probatorio rendido demuestra la razón de la parte demandada, en la trascendencia de las probanzas sindicadas como omitidas; en especial, el acta de directorio, el reglamento interno y la documental y testimonial, de las que surge que -con anterioridad a la celebración de la asamblea- los vecinos (propietarios/ accionistas) habían realizado un estudio y evaluación sobre la forma de liquidar las contribuciones mensuales y emprendido un trabajo en comisiones cuyo resultado y diferentes propuestas pusieron a consideración del directorio.

Acta

La cámara precisó que del acta de directorio surge que cuando se resolvió convocar a asamblea ordinaria para el 14 de junio de 2018, la conducción ponderó que era conveniente “que los señores accionistas consideren la forma de liquidar las contribuciones mensuales y los gastos futuros de funcionamiento y mantenimiento del espacio central y amenities / club house, piletas de natación, canchas de fútbol y tenis, vestuarios, baños y quinchos, y todas las demás instalaciones en el área central”.

La alzada apuntó que esta decisión y este accionar (convocatoria para tratar la forma de liquidar contribuciones mensuales) encuentran precedente y adecuada vinculación con lo ocurrido con anterioridad a la convocatoria; esto es, el trabajo en comisiones por parte de los vecinos propietarios-accionistas, y con lo dispuesto en los artículos 1° y 22° del reglamento interno.

En ese orden, los camaristas sostuvieron que el artículo 22 ratifica que el reglamento puede ser ampliado o modificado con nuevas cláusulas, “dictadas por los órganos competentes”, siendo obligatorias para los propietarios una vez que sean comunicadas o sean exhibidas en el lugar que se designe para su publicidad.

El Alto Cuerpo indicó que de la testimonial del ex administrador de la urbanización, al preguntársele si podía aclarar lo mencionado sobre las comisiones, especificando a qué se refería con ello, respondió que la administración “propuso una forma más equitativa para la liquidación de expensas, distinta a la que se venía realizando, lo que generó que invitáramos a todos los barrios a participar en comisiones, presentar ideas y discutirlas con el fin de que entre ellos se pusieran de acuerdo con la forma más eficiente de distribución de gastos e ingresos”, formando “tres propuestas, después de tres meses de trabajo y de muchas reuniones”.

En cuanto a la supuesta escasa claridad del orden del día, la cámara entendió que no conllevaba un déficit que ameritara la nulidad de la decisión adoptada a su respecto.

Condición

En esa dirección, el decisorio apuntó que los actores, en su condición de accionistas convocados a deliberar y votar la propuesta que consideraran más conveniente a sus intereses, estuvieron en condiciones de conocer con exactitud el tema que sería objeto de tratamiento en el punto del orden del día; específicamente, el “tratamiento de la forma de liquidar las contribuciones mensuales”.

De lo expuesto la alzada infirió que dicho texto fue suficientemente claro y preciso para, por un lado, cumplir la doble función de enterar a los convocados de la materia sobre la que versarían las deliberaciones, para que pudieran intervenir con la preparación necesaria y, por otro, para evitar que sean sorprendidos en su buena fe los accionistas ausentes.

La cámara valoró asimismo que tampoco pudo ser desconocido por los vecinos apelantes, toda vez que no sólo habían estado participando en reuniones organizadas en comisiones que elaboraron las propuestas originarias, sino que también contaron con todo el tiempo que transcurrió entre el 14 de junio de 2018 ( día de la convocatoria) y la fecha en que finalmente se retomó la asamblea y se efectuó la votación 6 de julio de 2018, por lo que contaron con otra oportunidad para interiorizarse adecuadamente de los antecedentes y ejercer su derecho a obtener la información debida antes de la deliberación y votación.

Deliberación

Así, los jueces concluyeron que, como invoca con razón la demandada, el objetivo del punto IV del orden del día era generar un espacio de deliberación para determinar si era intención de la mayoría de los vecinos modificar -o no- la manera de liquidar las contribuciones y, en su caso, cómo debía ser dicha distribución, lo que se trasladó a siete mociones diferentes que se sometieron a votación (como surge de la documentación labradas por los escribanos).

Además, la presunta imprecisión del acta no basta para justificar la nulidad requerida, porque los vecinos conocían el modo en que se detallaban los gastos y forma de liquidación, desde que el escribano certifica que en la asamblea se presentó un claro ejemplo de cómo sería el cálculo según las propuestas que se presentaban para su tratamiento.

Ante ello, el tribunal definió que estos elementos demuestran el cabal conocimiento de las propuestas y de la aplicación del cálculo de cada mes por los accionistas, por lo que la crítica “revela disconformidad con el resultado de la votación, lo que no justifica la nulidad que se pretende declarar”.

En consecuencia, en el fallo se resolvió hacer lugar al planteo de la administradora y revocar la decisión de anular el acto asambleario, correspondiendo que las costas sean soportadas por los actores en ambas instancias ordinarias, atento revestir condición de íntegramente vencidos.