La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal validó un procedimiento por el cual el juez de Instrucción Rodolfo Canicoba Corral ordenó llevar por la fuerza pública al hijo de dos desaparecidos para secuestrarle compulsivamente prendas íntimas, con el fin de realizar un examen de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). La decisión fue apelada y la Cámara tuvo que resolver sobre la validez del procedimiento, La Alzada ratificó todo lo actuado y lo dio por válido, al estimar que la razonabilidad y proporcionalidad de la decisión adoptada estaba fuera de discusión ya que existían serios indicios de que el niño que los imputados en la causa inscribieron como propio es hijo del matrimonio Tauro-Rochistein.
