Validan despido de chofer de camiones por no presentar el carnet habilitante actualizado

El TSJ cordobés ratificó lo actuado por la patronal, argumentando que el trabajador sabía de esa condición indispensable para poder realizar su trabajo

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) validó el despido dispuesto por Expreso San Esteban SRL con un dependiente que no presentó a tiempo la documentación necesaria para la conducción de camiones de gran porte, siendo que había sido contratado para tal función, y rechazó el agravio del trabajador, referido a que la demandada pudo establecer otras sanciones antes de desvincularlo.

El despedido estimó que, al convalidarse la causa invocada para la desvinculación, el juzgador a quo subsumió el caso sólo en la normativa de los artículos 242 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) pero dejó de lado lo dispuesto por el artículo 9 de la misma norma, que obliga al sentenciante, en caso de duda, a aplicar la norma o a interpretarla de la manera más favorable al trabajador.

En función de ello, el trabajador entendió que correspondía aplicar el artículo 220 de la ley 20744, que otorga al empleador amplias posibilidades de imponer sanciones disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos del trabajador, sin extinguir el vínculo.

El accionante expuso asimismo que el obrar de buena fe, sumado al deber de conservación del contrato, exigía a la patronal un proceder acorde con lo dispuesto por el artículo 62 LCT, interpretando con criterio de colaboración y solidaridad las circunstancias que imposibilitaban “temporalmente” al actor continuar desarrollando sus tareas normales y habituales.

Facultad

De igual modo, el cesanteado expresó que también pudo la patronal hacer uso de la facultad conferida en el artículo 67, suspendiéndolo sin goce de haberes hasta la entrega del certificado de idoneidad, el que se encontraba listo para ser expedido al tiempo del despido, luego de que realizó el curso COAP 111 de Adicciones y Consumo de Sustancias.

Finalmente, alegó que el impedimento se circunscribió a meras cuestiones y plazos administrativos del organismo de expedición y no a la culpa o responsabilidad suya y afirmó que el hecho de que la empleadora no haya podido utilizar sus servicios para la conducción de camiones de larga distancia no ocasiona de por sí injuria o daños y perjuicios concretos, los que, además, no se demostraron.

A su turno, el Alto Cuerpo integrado por Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio y Luis Eugenio Angulo, tras evaluar la cuestión, indicó que los agravios vinculados al análisis de la causal de despido eran inadmisibles.

El TSJ argumentó que el impugnante intentó demostrar inobservancias legales en la decisión, limitándose a proponer una solución que considera más justa o adecuada, “lo que no es suficiente para conmover el sustento jurídico del pronunciamiento”.

El fallo remarcó que los planteos se construyen a partir de una interpretación favorable de los acontecimientos y el material probatorio rendido, cuestión ajena a la instancia extraordinaria.

En ese sentido, la decisión apuntó que la a quo constató, con el propio relato de la demanda y las testimoniales receptadas, las tareas de responsabilidad desempeñadas por el accionante (conductor de primera categoría para vehículos de gran porte).

Conocimiento

En ese marco, se resaltó el conocimiento del actor -en su carácter de conductor profesional- de la absoluta necesidad y obligatoriedad para circular del carnet habilitante, ya que no resultan válidos los comprobantes de turnos o cursos realizados (informativa de la CNRT y el Ministerio del Interior y Transporte), por lo que, acreditado que el accionante no contaba con la documentación obligatoria exigida por la legislación, se entendió justificada la sanción aplicada.

Contrariamente a lo afirmado por el recurrente, el Alto Cuerpo sostuvo que el a quo tuvo en cuenta que éste había iniciado el trámite para obtener el carnet pertinente, pero lo consideró insuficiente porque esta constancia no lo habilitaba para transitar en rutas.

Asimismo, el TSJ destacó que la pericia contable, además de revelar los llamados de atención previos, ratificó que el actor conocía la exigencia y que ésta era la única forma de prestar los servicios para los que fue contratado, independientemente del recordatorio o notificación de la empleadora, puesto que se trata de una imposición normativa conocida por el colectivo en cuestión.

Frente a esta conclusión, los supremos entendieron que el impugnante soslayó lo argumentado en orden a que, siendo ineludible su responsabilidad de mantener la documentación actualizada, no indicó ni tampoco acreditó la existencia de razones que le impidieran su realización y presentación temporánea, resultando ineficaz a tal fin, lo alegado en relación a los viajes, jornada, cansancio, trato recibido, enojo o castigo patronal.

De igual modo, se señaló que el intento por revertir la solución restando relevancia a su incumplimiento y proponiendo otras sanciones porque “no se probó el daño concreto” importa desconocer su obligación primera y no exhibe arbitrariedad en la valoración efectuada.