UIF: el 30 de este mes el candidato del Gobierno nacional podrá recibir observaciones

Habrá audiencia pública por el relevo de Carlos Cruz. El ahora ex funcionario dejó la dependencia antilavado en medio de internas. Todo se desencadenó luego de que el Área de Litigios Penales no apeló a tiempo los sobreseimientos de los directivos de Techint en el caso “cuadernos”. Antes hubo denuncias sobre “parálisis” de la gestión

El Gobierno convocó a una audiencia pública en el marco del proceso de designación del nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), el 30 de noviembre, en el Ministerio de Economía de la Nación.

Lo hizo tras la renuncia de Carlos Cruz, aceptada el 29 de octubre pasado. La subdirectora de la unidad, Mariana Quevedo, también dimitió.

La resolución Economía señala quién es el candidato del Gobierno. Se trata de Juan Carlos Otero, quien ocupó años atrás la Subgerencia de Prevención del Lavado de Dinero y actualmente se desempeña como vocal por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La audiencia pública se realizará a los efectos de evaluar posibles observaciones a Otero.

La semana pasada, mediante dos decretos, el Gobierno nacional aceptó las renuncias del titular y de la vicepresidenta del organismo encargado de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que interviene en delitos económico-financieros complejos.

Hostigamiento

Cruz -cuya salida se hará efectiva a partir de la designación de su reemplazante- fue denunciado ante la Jefatura de Gabinete por supuesto hostigamiento y amenazas contra varios miembros del Área de Litigios Penales. También quedó en medio de una interna luego del error procesal que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca, y de otros dos directivos de esa empresa en la causa “cuadernos”.

A principios de julio, teniendo en cuenta que los últimos datos de gestión de la UIF son los comprendidos entre enero de 2016 y enero de 2020 -mientras la encabezó Mariano Federici-, un grupo de diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC) solicitó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, y Cruz, comparecieran ante el Congreso por lo que definió como la “virtual parálisis” del organismo.

En su pedido de informes, el grupo recordó que la UIF tiene la obligación de presentar una rendición anual de su administración ante el Legislativo, que no cumplió respecto de 2020.

Sostuvieron que la conducción de la UIF está politizada y que hay “desavenencias internas” que se evidencian en la falta de nombramientos para 15 cargos claves en el organigrama institucional -vacancias que se deben a la desvinculación de especialistas designados durante el gobierno de Cambiemos-, omisión que, según estimaron, podría explicar -en parte- la afectación de la capacidad operativa de la unidad.

En agosto del año pasado, la líder de la CC, Elisa Carrió, denunció al Gobierno ante el GAFI por lo que definió como “la destrucción y desmantelamiento” de la UIF. Lo hizo por el despido de los 15 técnicos designados durante la gestión de Federici, quienes trabajaban en expedientes por casos de corrupción.

En ese sentido, apuntaron a la ausencia de impulso de causas de corrupción en trámite en las cuales la UIF tiene el rol de querellante. Cabe recordar que desde que Cruz fue designado (secundado por Quevedo), la unidad no apeló el fallo que le concedió la prisión domiciliaria a Amado Boudou, condenado por “Ciccone”, ni el archivo de una pesquisa por presunto lavado en contra de la Vicepresidente y varios empresarios incriminados en “cuadernos”.

Además, en el juicio conocido como “la ruta del dinero K”, los abogados de la UIF reclamaron ocho años de prisión para Lázaro Báez, la mitad del monto que se planteó durante la conducción de Federici.

Preguntas

Los legisladores de la CC reclamaron que Guzmán y Cruz respondieran a preguntas sobre el desempeño de la UIF desde diciembre de 2019; entre otras: si se hizo el estudio de autoevaluación relativo al cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, en su caso, cuáles fueron los resultados; si durante 2020 descubrió operaciones sospechosas de lavado y si éstas subieron o mermaron con respecto a 2019.

En otro tramo de su escrito, plantearon la necesidad de que se difundan los motivos del desplazamiento de Claudio Castelli, titular de la Dirección de Litigios Penales, ante las “versiones de la existencia de presiones” sobre algunos letrados que integran la dependencia durante el debate contra Báez.

En agosto de 2020, tres directores de la UIF fueron despedidos: el de Análisis, Lucas Reboursin; el jefe de Colaboraciones Internacionales, Lucas Pandolfo, y el titular de Prensa y Comunicación, Rafael Manzanares. Fuentes oficiales del organismo dijeron que las medidas se enmarcaban en un programa de reorganización operativa.

Poco antes se había publicado el decreto 635/20, que creó el Consejo Consultivo para analizar el funcionamiento del Poder Judicial, que en su artículo 4 prevé que se realice un análisis de la posibilidad de traspasar la UIF y la Oficina Anticorrupción (OA) a la órbita del Ministerio Público Fiscal (MPF).

También, en agosto del año pasado, la líder de la CC, Elisa Carrió, denunció al Gobierno ante el GAFI por lo que definió como “la destrucción y desmantelamiento” de la UIF, por el despido de los 15 técnicos designados durante la gestión de Federici, quienes trabajaban en expedientes por casos de corrupción.

En enero de 2020, la CC se opuso a la designación de Cruz y Quevedo porque estimó que no eran idóneos.

A Cruz le achacaron carecer de los antecedentes que exige el artículo 11, inciso 2, de la ley 25246. A Quevedo, inhabilidad moral en los términos del artículo 9 bis de la legislación.

Si bien reconocieron que Cruz tiene “cierto conocimiento académico” de delitos económicos, alegaron que carece de las “habilidades técnicas para ejercer la presidencia de la UIF”. Entre las falencias, citaron: inexperiencia en materia regulatoria; ausencia de conocimientos en el campo de la inteligencia financiera y en la “sensible misión de cooperación internacional que reviste la UIF”, y falta de práctica profesional penal vinculada estrictamente con la temática.

Además, subrayaron que criticó públicamente al GAFI y a otros organismos internacionales por su “supuesta injerencia en la elaboración de políticas legislativas en materia penal referidas a los delitos económicos”, sin advertir de que Argentina es miembro pleno del grupo y que asumió voluntariamente su compromiso de cumplir los estándares globales que fija.

En cuanto a Quevedo, los representantes de la CC puntualizaron que se desempeñó como directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF entre 2010 y 2016, cuando el organismo era presidido por José Sbatella, gestión que culminó con los resultados de cumplimiento más bajos en toda la historia de un miembro del GAFI.

Currículum

En el aviso oficial de la convocatoria, el Gobierno destacó el currículum de Otero.

Nacido en 1975, es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y realizó el posgrado “Programa de actualización sobre prevención del lavado de activos”, en 2008.

Después de ocupar cargos en la Justicia y en la Superintendencia de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, inició su carrera en la CNV en 2001, donde ocupó varios cargos.

Posteriormente fue designado oficial de enlace con la UIF y luego oficial de cumplimiento ante el organismo.

Desde septiembre pasado, el letrado, de 46 años -de origen peronista y, según medios porteños, cercano a la agrupación La Cámpora- es vocal del Consejo Asesor de la UIF en representación de la CNV.

“En el ámbito académico participó como expositor, disertante y oyente en numerosos encuentros principalmente en temáticas como el “Prevención de Lavado de Dinero y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo”, señala también la convocatoria.

Selección

-El proceso de selección del sucesor de Cruz, según la ley sobre lavado sancionada en 2011, incluye la publicación de los antecedentes del candidato en dos diarios de circulación nacional, la presentación de su declaración jurada y un informe del Fisco sobre el cumplimiento de sus obligaciones impositivas.

-Después de esos pasos, el postulante deberá someterse a las objeciones y adhesiones de la ciudadanía. El proceso culminará en la audiencia pública.

- Luego, la Secretaría de Finanzas tendrá hasta siete días para informar sobre los resultados del procedimiento por medio del Boletín Oficial, en dos diarios de circulación nacional y en la página de Internet del Ministerio de Economía.