En el banquillo hay nueve policías provinciales y un civil, quien se habría desempeñado como vigía comunal. El hecho ocurrió durante un procedimiento para dispersar una reunión durante la vigencia del ASPO
El fiscal federal Pablo Camuña solicitó la imposición de condenas de prisión perpetua para cuatro policías de la Provincia de Tucumán acusados por el homicidio agravado de Luis Espinoza, en 2020, y por la privación ilegítima de la libertad agravada de su hermano, Juan Espinoza.
Además, reclamó penas de entre cuatro y 14 años de prisión efectiva para otros cinco integrantes de la misma fuerza y para un civil, como partícipes en ambos hechos, así como en su encubrimiento posterior.
En el juicio, que comenzó el 24 de octubre del año pasado, se debate la responsabilidad de los diez acusados en lo ocurrido el 15 de mayo de 2020, cuando se encontraba vigente el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) dispuesto por la pandemia de covid-19.
Los policías de la comisaría de Monteagudo acudieron a localidad de Melcho supuestamente a dispersar una carrera “cuadrera” de caballos, cuya existencia no pudo comprobarse.
Según el fiscal, el operativo estuvo caracterizado por irregularidades, con participación de agentes armados vestidos de civil en autos particulares.
Sostuvo que los efectivos ingresaron al pueblo disparando y que luego de una serie de persecuciones al menos cuatro de ellos dispararon tiros que fueron letales.
El acusador indicó que una de ellos ingresó por la espalda de Luis Espinoza y acabó con su vida.
Cabe recordar que el cuerpo de la víctima apareció siete días después en la zona conocida como “Banderita”, en la provincia de Catamarca, a metros del límite con Tucumán, en un barranco adonde fue arrojado por cuatro de los encausados.
Alegato
En su alegato ante el Tribunal Oral Federal que tramita el debate -integrado por Enrique Lilljedahl, Jorge Basbus y Carlos Jiménez Montilla- Camuña calificó los hechos como “un caso grave de violencia institucional” porque “en su centro hay una ejecución sumaria o arbitraria o extrajudicial realizada por policías”.
En ese sentido, destacó que los integrantes de la policía tucumana, “abusando de sus funciones y sin demostrar un atisbo de humanidad”, además de matar por la espalda a Espinoza, una persona indefensa, decidieron ocultarle su cuerpo a las autoridades y a sus seres queridos, generando con ello “un profundo daño en su familia y en su entorno comunitario, además de una enorme conmoción social”.
En la reconstrucción de lo sucedido, Camuña y la agente auxiliar Lucía Doz Costa detallaron que también se produjo la privación ilegítima de la libertad al hermano de la víctima, Juan Espinoza, agravada por haber sido llevada a cabo por los mismos policías, sin fundamento alguno, violentamente, con vejaciones y en abuso de sus funciones.
Por último, los acusaron de llevar a cabo una serie de acciones y omisiones con el objetivo de borrar las huellas y rastros de sus delitos.
Por eso, les pidieron a los jueces la aplicación de “normas obligatorias” para que no se genere una situación de impunidad que pueda acarrear, a corto o mediano plazos, la responsabilidad internacional del Estado argentino por las acciones criminales de los acusados, las que, a la vez -según alegaron-, constituyeron “grandes violaciones de los derechos humanos”.
Citaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de Naciones Unidas.
Preventivas
Camuña solicitó se mantengan las prisiones preventivas de los imputados por el plazo de nueve meses desde el dictado de la sentencia, o hasta la confirmación de la sentencia por la Cámara Federal de Casación Penal, lo que ocurra primero.
Paralelamente, pidió se imponga a los condenados, proporcionalmente, la reparación integral a las víctimas en una suma indemnizatoria de 20 millones de pesos y que se disponga, mediante el Estado provincial, la puesta a disposición de los damnificados de la debida asistencia social y de salud que contribuyan a la reparación del daño ocasionado.
