ESCUCHARJóvenes adultos y mujeres conforman los grupos más afectados. De las mujeres, 9% convive con sus hijos o está embarazada. Muchos de ellos permanecen en penales a más de mil kilómetros de su familia.
El uso abusivo de la prisión preventiva queda en evidencia con el último relevamiento realizado por la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), a cargo de Abel Córdoba, que demuestra que tres de cada cuatro detenidos a disposición de jueces federales no tienen condena.
Según el informe, los jóvenes adultos y las mujeres conforman los grupos más vulnerados del sistema: mientras 73% de los detenidos en cárceles federales a disposición de jueces federales no tiene condena, ese porcentaje asciende a 77% en el caso de jóvenes detenidos de entre 18 y 21 años y a 62% en el de las mujeres.
Un dato adicional -no por eso menos grave- indica que en el caso de la población femenina, 9% del conjunto convive con sus hijos en un penal o se encuentra embarazada.
El relevamiento realizado por el Área de Registros y Base de Datos de la Procuvin es producto de la sistematización de los partes que le remite semanalmente el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y refleja el estado de situación al 29 de noviembre de 2013, cuando el número de personas privadas de la libertad en las 28 cárceles y las 10 alcaidías de esa institución ascendía a 10.043. Esa “imagen histórica” del sistema revela que 34 por ciento de las personas está detenida a disposición de jueces federales (3.376), 59% a cargo de jueces nacionales (5.935) y 7% (732), de magistrados provinciales.
Del total de la población carcelaria, 92% es hombre y 8% mujer; y 96% tiene 21 años o más, mientras que 4% tiene entre 18 y 21 años.
En tanto, las personas detenidas sin condena a disposición de magistrados de la Justicia nacional es de 51%, mientras que las que están detenidas a disposición de jueces provinciales es de 29% .
Las cifras se dan en el marco de un promedio general de 57% de la población carcelaria procesada pero sin condena, encerrada en establecimientos federales.
A discreción del juez
La Procuvin indicó en su informe que estos números demuestran que “el actor judicial colabora en el sostenimiento de una masa de detenidos/as preventivos superior a los condenados”, dado que el encarcelamiento preventivo depende, en muchos casos, de la voluntad de los operadores del sistema judicial.
En cambio, precisó la Procuraduría, “entre la masa de detenidos/as condenados, la incidencia del SPF es mayor en cuanto al influyente rol de los informes criminológicos que elabora, de ‘conducta’ y ‘concepto’, que definen la resolución de los pedidos de libertad vinculados con la progresividad de la pena”.
Para la Procuvin “existen dos elementos estructurales que convergen en el agravamiento de la política criminal de encarcelamiento”: el uso extendido de la prisión preventiva y la “modalidad de confinamiento territorial en unidades penales ubicadas a más de mil kilómetros de la jurisdicción de residencia del detenido/a y de los órganos jurisdiccionales de la causa penal”.
Y concluyó: “La política criminal de encarcelamiento preventivo es enfáticamente sostenida por las prácticas de encierro cautelar de la Justicia federal”.
El documento sobre la situación del sistema carcelario se enviará a la Cámara Federal de Casación Penal, al Ministerio de Justicia de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, al Consejo de la Magistratura, a la Procuración Penitenciaria de la Nación, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a diferentes comisiones del parlamento nacional.
