ESCUCHAREl contrato de administración del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata -constituido con bienes y dinero decomisados en casos de trata de personas y delitos conexos- fue publicado en el Boletín Oficial, luego de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, y el presidente de BICE Fideicomisos, Jorge Tanús, aprobaran su implementación.
Desde 2019, las restituciones económicas a las víctimas deben ser ordenadas por la Justicia en las sentencias que se dicten en los casos de trata y explotación de personas. A la fecha, se dictaron 17 pronunciamientos en este sentido.
El acuerdo firmado responde al artículo 1° de la ley 27508, sancionada en junio de 2019 y reglamentada en diciembre de ese mismo año, que dispone la creación de un fondo fiduciario para asistencia directa a víctimas, constituido con bienes y dinero decomisados en casos de trata de personas y delitos conexos. La ley 27508 representa un hito respecto de las reparaciones económicas a las víctimas porque introduce reformas a la ley de trata 26364 y establece, en el párrafo primero del artículo 28, como obligatorio que toda sentencia condenatoria o equivalente disponga las restituciones económicas a las víctimas, como una manera de volver las cosas al estado anterior al delito. Para lograr que esa reparación se haga efectiva, en el párrafo siguiente pone en cabeza de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del MPF (Ministerio Público Fiscal) la obligación de “identificar los activos del imputado y solicitar o adoptar, en su caso, todas las medidas cautelares que resulten necesarias y eficaces, según la naturaleza del bien, para asegurar la satisfacción adecuada de tales responsabilidades [pecuniarias]”.
