Tras la media sanción en el Senado, Diputados analiza la reforma del Ministerio Público

Luego de que el oficialismo se alzó el pasado viernes con la media sanción del proyecto para reformar el Ministerio Público Fiscal, tras una votación que resultó con 42 votos a favor y 27 en contra, la iniciativa debe ahora pasar por Diputados para convertirse en ley.

Como es sabido, a diferencia del Senado, en Diputados el Frente de Todos no tiene mayoría propia y debe apelar a los opositores dialoguistas para conseguir la aprobación. Según trascendió, el bloque Consenso Federal, que responde a Roberto Lavagna, podría votar en contra. La misma postura podrían adoptar los santafesinos del Frente Progresista. Y aún no se sabe qué posición tomará el interbloque que preside el mendocino José Luis Ramón, que ya perdió dos diputados. Tampoco se conoce la postura del bloque Córdoba Federal, que responde a Juan Schiaretti, que podría no acompañar la iniciativa.

La iniciativa, aprobada en Senadores, modifica la mayoría necesaria para designar al procurador, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- de la Cámara alta. Además, limita el mandato, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.

Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público.

Esta bicameral tendrá mayor poder ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público, con tres integrantes, uno de los cuales será su presidente.

Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.

El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.

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