Trámite oral no puede imponerse sin consentimiento de las partes

En el fallo se razonó que el procedimiento de audiencias exige una colaboración de los litigantes para llegar a distintos acuerdos, pero concluyó que el trámite ordinario no debe entorpecer el proceso

Al ponderar que el trámite civil oral no puede imponerse de oficio por el juzgador en casos no contemplados en la normativa, cuando las partes no prestan conformidad para llevarlo a cabo, la Cámara 6ª Civil y Comercial de Córdoba admitió el recurso de apelación interpuesto por uno de los codemandados y ordenó que el proceso continúe mediante el trámite ordinario.

Sobre el caso, el tribunal integrado por los vocales Alberto Zarza y Walter Simes indicó que el codemandado en su expresión de agravios se quejó de que la resolución impugnada es arbitraria e infundada, toda vez que la juzgadora propuso a las partes la adecuación de las presentes actuaciones al trámite oral y, ante la oposición de su parte y de una de las citadas en garantía, impuso el trámite oral a la presente causa, a pesar de que no se encuentra comprendida en la letra de la ley 10555.

Luego de un repaso de las actuaciones, la alzada indicó que la normativa aplicable establece que la obligatoriedad del trámite civil oral por audiencias se encuentra acotada a los casos de juicios de daños y perjuicios que por su cuantía se sustancien por el trámite abreviado; es decir, que la demanda no supere 250 jus.

Sin embargo, los jueces observaron que, pese a que se reconoce que el caso no encuadra en uno de los supuestos previstos expresamente en la ley, la magistrada decidió “mantener lo dispuesto por este tribunal con fecha 14/9/2022, en el sentido de proceder al cambio de tipo de juicio ordinario al proceso civil oral por audiencias”, de manera tal que la “invitación al trámite oral” que efectuó mediante decreto del 14/9/2022 se transformó en una imposición de oficio.

Artículo

Así las cosas, en el fallo se sostuvo que el artículo 1 de la ley 10555 (de Procedimientos para los Juicios de Daños y Perjuicios) expresamente dispone que podrá aplicarse cuando “las partes, de común acuerdo o a propuesta del juez, soliciten su adhesión”.

El tribunal derivó de ello que el tenor literal de la norma impone que exista conformidad de las partes en los casos en que lo propongan con acuerdo mutuo por iniciativa propia o que acepten la propuesta-invitación del juez, y destacó que la ley es clara y no permite que el juez pueda imponer el trámite civil oral por audiencias de oficio.

Asimismo, los camaristas consideraron que si bien no se desconoce que el proceso civil oral por audiencias ha traído notables mejoras en la tramitación de los pleitos, principalmente en la celeridad, la sustanciación de la causa por el juicio ordinario per se no acarrea una vulneración del principio de tutela judicial efectiva.

En esa dirección, apuntaron que tanto las normas del código de rito como las normas procesales contenidas en el Código Civil y Comercial brindan a los jueces herramientas que les permiten desenvolver sus funciones en el rol de directores del proceso.

Por otro lado, la decisión valoró que el sistema civil oral por audiencias apela a la colaboración de las partes, entre sí y con el tribunal, y a su voluntad de conciliar, lo que sin duda puede -y debería- también suceder en causas que se sustancien por otros trámites, como el juicio ordinario.

En definitiva, conforme lo expuesto, en el fallo se resolvió que correspondía hacer lugar al recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria al de reposición por el codemandado y ordenar se continúe el trámite de la presente acción conforme las normas del juicio ordinario.