La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en favor de los trabajadores de Telefónica SA, que reclamaron su derecho a participar en las ganancias de la empresa y declaró la inconstitucionalidad del decreto 395, reglamentario de la ley 23696, que reguló privatizaciones de empresas del Estado a partir de 1989.
El fallo recayó en la causa “Gentini, Jorge Mario y otros c/Estado Nacional – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros s/Part. Accionariado obrero” y reconoció el derecho de los actores, que reclamaron daños y perjuicios derivados de la falta de emisión de bonos.
Se expuso que la normativa estableció expresamente la participación demandada en supuestos en los que se decidió implementar programas de propiedad participada.
La Corte afirmó que frente a cada caso de privatización, la implementación de uno de aquellos programas (como ocurrió en el caso) tornaba obligatoria la emisión de bonos. En esa línea, se precisó que el decreto 395/92 -que dispuso que las licenciatarias telefónicas no estaban obligadas a emitirlos- era inconstitucional por contrariar lo establecido por la ley que debía reglamentar.