Supervisor y empleadora pagan daño moral por acoso laboral a un trabajador

Para el tribunal, el demandante demostró los padecimientos sufridos, que afectaron su dignidad, tras ser desnudado y filmado por un jerárquico. La empresa también debe responder

Al quedar acreditado el acoso laboral sufrido por el demandante en su puesto de trabajo que le propinó un supervisor, si bien desestimó la incapacidad psiquiátrica reclamada con sustento en la Ley de Riesgo Trabajo (LRT) por no detectar la perita una patología relacionada con los eventos dañosos, la Sala 11ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba sí hizo lugar al daño moral solicitado por el damnificado y condenó tanto al jerárquico -a título personal- como a la empleadora.

El accionante dijo haber trabajado a las órdenes del supermercado demandado desde el 1 de junio de 1984, en tareas de desposte y haber sido objeto de burlas y denigraciones por parte de algunos compañeros, lo que soportó en silencio hasta que, el 14 de agosto de 2008, días antes de su cumpleaños y en circunstancias que estaba cumpliendo sus obligaciones laborales, cuatro o cinco compañeros comenzaron a hostigarlo con manoseos en los glúteos y dos encargados del sector “desposte” lo subieron a la mesada, arrojándole carne de res, le bajaron los pantalones y la ropa interior y le arrojaron carne de consumo a sus zonas íntimas, riéndose y burlándose de él, quedando expuesto ante el personal femenino y masculino y que, a raíz del forcejeo para liberarse, sufrió traumatismo de codo izquierdo.

El trabajador añadió que ese episodio fue filmado y exhibido a todos los sectores del establecimiento y que durante los días siguientes fue objeto por parte de algunos compañeros y, en especial, de los codemandados de burlas grotescas, todo lo cual derivó en desajustes tanto en su desempeño laboral como en el personal y familiar.

En ese escenario, agregó que, por vergüenza, en un principio no quiso dar aviso a la superioridad, pero al tiempo puso en conocimiento de ello al jefe de Planta Carnes y, como consecuencia, los codemandados comenzaron a perseguirlo.

Al resolver, el tribunal integrado por Eladia Garnero de Fazio señaló que la perita especialista designada de oficio, con base en el examen psiquiátrico realizado al actor y el relato proveniente de este último, concluyó que no presentaba signos ni síntomas compatibles con trastorno psiquiátrico alguno, por lo que no presentaba incapacidad psiquiátrica.

Sin embargo, con base en las declaraciones de los testigos que depusieron en oportunidad de la audiencia de vista de la causa, se acreditó el acoso psicológico o violencia laboral, derivando que ello llevó al tribunal a otorgar total validez al informe oficial y, en función de éste, al daño moral.

En ese sentido, el fallo remarcó que la violencia física, las burlas y expresiones ofensivas a las que se vio sometido el accionante implican, por sí, un padecimiento moral, una lesión a sus derechos extrapatrimoniales, que demuestra que se ha ocasionado un perjuicio a la dignidad del trabajador.

Por ello, tomando como punto de referencia el monto reclamado por el actor, que asciende a la suma de $80.000 y siendo que en su demanda argumentó que, por vergüenza, en un principio no quiso dar aviso a la superioridad sino que se lo hizo conocer al tiempo de que los hechos relatados comenzaron a ocurrir y que a los meses la empresa colocó cámaras de seguridad a los fines de monitorear el comportamiento del personal, la jueza consideró que medió una omisión concurrente de ambas partes a los efectos de evitar que los hechos, que debió sufrir el actor, cesaran en forma inmediata tras esas medidas, por lo que fijó el daño moral en $40.000.

En cuanto a este punto, se aclaró que la patología psiquiátrica es totalmente independiente del daño moral, pudiendo existir uno y no el otro, como en este caso.

Responsabilidades

Luego, la vocal analizó que el actor accionó en contra de Jumbo Retail Argentina SA, y de los compañeros de trabajo A. T. y J. M., la primera en su carácter de empleadora y responsable por los hechos de sus dependientes y los restantes por ser los autores de los hechos ilícitos.

Así las cosas, el fallo observó que la culpabilidad de A. T. se mantiene incólume en tanto en este juicio no se ha probado que existan causales de inimputabilidad ni eximentes de responsabilidad de su conducta; por el contrario, se acreditó que el demandado fue el autor material de los actos ilícitos. En consecuencia, se resolvió que resulta responsable extracontractualmente por el daño inmaterial producido y sobre él recae la obligación de indemnizar.

Respecto de la empresa, la jueza ordenó que también debe responder dada la responsabilidad que le cabe en su carácter de empleadora, por los ilícitos cometidos por sus dependientes, en el ámbito laboral.

Además, la magistrada advirtió que la empleadora debió tomar medidas inmediatas a partir del momento en que tomó conocimiento de los hechos, y no lo hizo, pues según se extrae del testimonio del demandante, él hizo la denuncia y sólo luego de un tiempo se pusieron cámaras para controlar tales comportamientos. También, que al denunciante le prometieron cambiarlo de turno, pero ello nunca ocurrió.

Respecto del otro compañero apuntado, la sentencia dispuso que se desestimara la acción, al no surgir de la prueba que hubiera intervenido en algún hecho que lesionara al actor.